Con la justificación de que al arrestarlos desencadenarían otras problemáticas, las autoridades no han establecido estrategias para desarticular grupos civiles armados, que con su poderío económico controlan el trasiego de armas, drogas e inclusive pornografía dentro de los municipios de Chiapas.
Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, expresó que la presencia de estos grupos en los municipios hace que la violencia se vuelva más evidente, aunque muchos habitantes están al margen de los líderes de estos grupos.
Amatán, Bochil, Chenalhó y San Juan Chamula han sido algunos de los municipios en los cuales este año se ha denunciado y documentado desde las redes sociales la presencia de grupos civiles armados, los cuales hasta el día de hoy no han sido desarticulados.
Faro comentó que desde el Centro “Frayba” han recibido información de más denuncias por tráfico de armas, personas, drogas e inclusive pornografía en San Juan Chamula, hecho que se ha visto reflejado con los últimos acontecimientos violentos
Sin embargo, no es el único caso: desde el 2017 el Movimiento por La Paz, la Justicia y el Buen Vivir de Amatán denunció la presencia de un grupo civil armado, el cual era controlado por los hermanos Wilbert y Manuel de Jesús Carpio Mayorga, ambos expresidentes del municipio. Este grupo es señalado de haber sido el causante de la irrupción armada del 17 de enero, en la cual desaparecieran a 50 personas y asesinaran a dos.
En Chenalhó, la presencia del grupo armado data de varios años, esto debido al desplazamiento forzado de 200 familias en el ejido Puebla por su disidencia electoral en 2016. Las personas hasta el día de hoy no regresan debido a la presencia de este grupo.
Ante esto, Faro comentó que el Estado conoce de estos grupos, al punto que ha dejado que las familias desplazadas se mantengan fuera de sus hogares por años.
Mencionó que el desarme de los grupos armados es vital para el restablecimiento de la paz en los municipios. “En Aldama existe una trinchera de 25 metros desde donde realizan los disparos, aunque los operativos de la Policía y el Ejército lo han disminuido. Sin embargo sólo se limita a mantener presencia y no eliminar dicha trinchera”, comentó.
Por lo que este organismo ha exigido la desarticulación de los grupos armados; no obstante, han notado que las autoridades no han tratado de desmantelarlas, pese al trasiego ilegal que generan a su alrededor.
“Nos responden que no los pueden desarticular porque podría dispararse la violencia, pero ese retardo hace que existan impactos de violencia que hasta el día de hoy suman una situación evidente de discriminación”, finalizó.
