La Fundación para la Justicia planteó la necesidad de adoptar las medidas necesarias para prevenir, castigar y erradicar hechos de violencia sexual y otras formas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las mujeres migrantes, especialmente aquellas privadas de su libertad.
“Las mujeres migrantes se encuentran expuestas a múltiples factores de violencia y discriminación en México, tanto por parte de particulares como por las fuerzas de seguridad”, destacó.
Recordó el caso de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña, que migró tras ser violentada y amenazada de muerte por su pareja sentimental, pero en México fue víctima de feminicidio por parte de autoridades policiacas el 27 de marzo de 2021 en Tulum, Quintana Roo.
Es un ejemplo de cómo las investigaciones de la Fiscalía General del Estado no se realizaron con perspectiva de género ni bajo ningún protocolo en materia de feminicidios, y aún no hay sanciones contra los policías involucrados a pesar de haber una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La búsqueda de justicia no se limita solo al caso de Victoria, sino busca ser la voz de las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas a las que el Estado mexicano no les garantiza la protección y el acceso a la justicia”, dijo la organización que brinda acompañamiento a las familias de personas migrantes.
