Víctor Aznar Kleijn, integrante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) advirtió que el acceso a la justicia para pueblos indígenas resulta inviable sin la participación de intérpretes profesionales que salven la barrera lingüística.
El responsable de programas en México, durante su intervención en un foro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), subrayó que “no puede existir un acceso efectivo a la justicia, si una persona no puede comprender el proceso judicial ni expresar adecuadamente lo que piensa”.
La Aecid, en coordinación con el Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas (Celali), impulsó una primera fase del proyecto en Chiapas, que formó a entre 25 y 30 intérpretes en las lenguas tsotsil, tseltal, chol, tojolabal y zoque.
Metodología participativa
A través de una metodología participativa que involucró a hablantes, abogados y académicos, se construyó un glosario y la herramienta digital Cassel COP, que integra 206 conceptos jurídicos de las materias civil y penal.
La evaluación de esta etapa reveló que sólo se habían cubierto cinco tipos de delitos y seis tipos de demandas civiles, por lo que se requiere una segunda fase para ampliar el espectro.
La actual segunda fase busca capacitar a 63 personas y sumar el idioma mam, originario de Guatemala, e incorporar las materias agraria y de género al glosario.
No obstante, Aznar Kleijn enfatizó que el verdadero desafío es garantizar que los intérpretes formados puedan ejercer en juicios reales de manera profesional y remunerada, por lo que se impulsa un diálogo con el Poder Judicial, las fiscalías y las instancias de derechos humanos para lograr acuerdos institucionales.
