Los pueblos originarios de México denunciaron desde antes de 2018 la devastación generada por los megaproyectos considerados “estratégicos y de seguridad nacional”, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico y el Tren Maya; contra el que existen amparos en los cinco estados que recorrerá.
El primer amparo que interpusieron las organizaciones “Diálogo y Movimiento” y Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil sigue, aunque no hay una resolución definitiva. Lo mismo sucede con otros amparos en los siete distintos tramos, explica la investigadora y representante legal Elisa Cruz Rueda.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la solicitud de amparo presentada el 6 de enero de 2020, reclama “la consulta indígena” ordenada por el Ejecutivo federal y realizada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
Por otro lado, el amparo del primer tramo de Palenque a Escárcega fue interpuesto por la organización “Indignación” de Mérida, Yucatán. Siendo este el segundo que se presentó.
“Salió la suspensión provisional que abarcó los cinco estados y posteriormente la suspensión definitiva para continuar el juicio. Solo recayó en el área de Xpuhil (sitio arqueológico). El argumento fue que no se podían realizar trabajos en ese tramo de Palenque a Escárcega por la pandemia”, comparte.
Entonces, el gobierno dijo que las “actividades económicas prioritarias” no podían detenerse por la contingencia sanitaria del covid-19, y una de esas fue el Tren Maya. A pesar de la declaratoria de pandemia la obra avanzó más del 50 por ciento.
Elisa Cruz explica que el tramo de Palenque fue violentado porque la declaratoria continúa, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó que los trabajos debían pararse. Una situación similar ocurrió en Campeche, donde hubo intentos de desalojo contra los pobladores.
En un tramo hacia Yucatán los amparos alegaron violaciones al derecho ambiental y al acuífero maya, el más importante en Latinoamérica; y aunque en el tramo de Ixpujil existe la suspensión por el amparo, las comunidades resienten la militarización y las denostaciones, inclusive hasta del presidente contra los defensores de derechos humanos.
A este contexto se agrega el decreto por medio del cual declaran como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura en la Cuarta Transformación, dice Cruz Rueda.
