El lunes 9 de octubre fue un día trágico para al menos cinco familias y una decena de pasajeros de la ruta 91. Pese a ello, no hay respuestas sobre quién o quiénes deberán hacerse cargo de los daños ocasionados.
Rodolfo, quien es familiar de una de las jóvenes que viajaba en la unidad siniestrada en el libramiento Norte, a la altura de la colonia Los Manguitos, comparte que nadie se ha hecho cargo del tema de los gastos médicos y tampoco ninguna autoridad le ha dado conocer si por ser pasajeros de la unidad de transporte contaban con algún tipo de seguro.
Lamentó que las autoridades competentes no hayan hecho nada, ya que su familiar perdió su trabajo como resultado de la imprudencia de los conductores involucrados, por lo cual —dijo— exigen que se aplique la ley y se haga justicia.
Dio a conocer que a 20 días de aquel trágico accidente, ampliamente conocido por la sociedad tuxtleca, no hay solución alguna, por lo que consideró que podrían tomar medidas más drásticas para manifestar su molestia ante la situación de la cual son víctimas.
Del mismo modo, sostuvo que hasta el momento no hay explicación alguna de quién o quiénes son los responsables, y desconocen si existe algún detenido o responsable que deba hacerse cargo de los gastos.
Cabe destacar que las y los familiares de los involucrados en el accidente manifestaron su inconformidad al menos por una semana tras el accidente, en las afueras del Hospital General “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, exponiendo la misma situación que ahora prevalece.
Víctimas fallecidas
Por otra parte, es importante resaltar que días después del accidente fallecieron algunas víctimas del percance, sin que hasta ahora se sepa si alguien o alguna autoridad se hizo responsable de los gastos funerarios, así como de brindar alguna indemnización a los deudos.
Lo anterior, a pesar de que las autoridades de Transporte dieron a conocer que se encontraban asistiendo y apoyando a los familiares de las víctimas del accidente; incluso, a lo largo de sus declaraciones las y los familiares de las víctimas dieron a conocer una serie de inconsistencias y obstáculos que presentaron las autoridades vinculadas a la procuración de justicia.