Publicado lunes 26 de septiembre de 2005Sergio Granda / CPPretender copar a toda costa y por encima de lo que sea las aspiraciones a un cargo de elección popular en Chiapas, sin lugar a dudas es un retroceso jurídico y por demás anticonstitucional, así como el buscar cerrarle las puertas al ex gobernador sustituto Roberto Albores Guillén, mientras que para el resto de los protagonistas políticos es evidente que pende sobre ellos la espada de Damocles, señaló el presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos “Manuel Castellanos Castellanos”, Arturo Becerra Martínez.
El abogado, conocedor de la actual situación sociopolítica chiapaneca citó que:
“Lamentablemente por la aprobación de los propios diputados priístas, es evidentemente que en el pasado reciente crearon un monstruo de ilegalidades como lo es la Contraloría de la Legalidad Electoral y también una absurda Fiscalía Electoral, como si ésta no perteneciera a una institución que constitucionalmente está establecida y que se llama Ministerio Público”.
En este caso la Fiscalía Electoral no tiene razón de ser ni tampoco tiene un fundamento Constitucional para su existencia, añadió.
“Pretender abrogar o modificar o anular el actual marco jurídico electoral en Chiapas, a menos de 20 días de que finalice el plazo legal de 90 días antes de la instalación del año electoral 2006, nos viene a dejar una confusión legislativa tremenda que generará una mayor inseguridad jurídica para todos los habitantes de Chiapas”, cuestionó.
Reconoció que ya se había avanzado con que los órganos responsables de la organización electoral estuvieran conformados por ciudadanos, eso fue un paso gigante, por lo cual había consejeros ciudadanos, representantes de partidos políticos e incluso consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Finalmente, recordó que estos funcionarios electorales se venían designando a propuesta de los partidos políticos, pero esta pretendida nueva Ley de Partidos Políticos y Elecciones del Estado de Chiapas, definitivamente viene a retroceder en “forma arbitraria, errónea y tonta”, esos pasos positivos que le daban garantía y transparencia a un proceso democrático.
