Publicado el martes 15 de enero de 2002Alberto Noriega / CP“No es posible que los niños -los más indefensos- y las esposas tengan que pagar penas o angustias por un acto de trabajo del esposo nadie que tenga una familia puede aprobar un hecho de esa naturaleza”, señaló Jorge Morales Messner, actual diputado del Partido de la Revolución Democrática, sobre el atentado sufrido por el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández.
Chiapas, uno de los seis estados catalogados como más seguros -según datos oficiales-, se encuentra viviendo actualmente un periodo de descomposición social que quedó demostrado con el “presunto” atentado -según informaron las autoridades- que sufriera López Hernández, titular de la CEDH.
Amanecía el lunes, cuando sujetos desconocidos balearon su domicilio y automóvil particular sin que se registraran personas lesionadas, en un acto catalogado por el ombudsman chiapaneco como “intimidatorio”.
De hecho, es uno más en la lista que viene a formar parte de la inseguridad en el estado donde no solamente funcionarios, sino civiles, son parte cada vez en mayor medida de una realidad cotidiana que enfrentan los chiapanecos: la inseguridad segura.
Antecedentes
En días pasados, López Hernández denunció el acoso e intimidación que ha sufrido por parte -asegura- del coordinador general de asesores del gobernador Pablo Salazar, César Chávez Castillo, además de mencionar que la PGJE abriría abriría una investigación en su contra para encarcelarlo.
Sin embargo, Pablo Salazar Mendiguchía rechazó dichas acusaciones manifestando que todo se debe a un conflicto laboral interno en la CEDH.
Dicha problemática le ha valido, incluso, al Gobierno de Chiapas, que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, pida un informe detallado sobre esa situación.
Las opiniones
Al conocerse el atentado sufrido por el titular de la CEDH, lo que permeó en el ambiente, fue el temor de manifestar las opiniones. La mayoría de quienes accedieron a emitir su juicio (con las reservas del caso) coincidieron en que “el Gobierno ha fallado en materia de seguridad”.
En este orden de ideas se manifestó el diputado priista Felipe de Jesús Velasco, quien condenó el hecho y pidió “una investigación a profundidad”.
Rutilio Escandón Cadenas, senador por el Partido de la Revolución Democrática, manifestó que “en el supuesto caso de que existiera el atentado, sería condenable. Todos lo hechos que afecten a los organismos que están detrás de la sociedad, y sobre todo de los derechos humanos, son condenables”.
Para José Manuel Blanco Urbina, titular de un organismo no gubernamental (ONG`s) de derechos humanos, destacó que no hay seguridad en Chiapas y agregó: “ojalá las hubiera y las autoridades actuaran con responsabilidad. La administración viene haciendo lo de siempre: al que tiene recursos se le hace justicia y el que no los tiene -sentencia- seguirá llenando las cárceles; por lo pronto en seguridad, en Chiapas, estamos en la calle”.
Así, de esta forma, el atentado aparentemente aislado, fue el colofón que ha puesto en tela de juicio la capacidad del Gobierno para sustentar un proyecto viable de seguridad pública en el estado.
La seguridad sigue siendo un artículo de lujo para la mayoría de los chiapanecos.
