PUBLICADO EL VIERNES 4 DE JULIO DE 2003Francisco Barbosa / CPEl Órgano de Fiscalización Superior del estado, como brazo ejecutor del revanchismo oficial, practica una auditoría a la administración municipal de Tapachula, que preside el priista Manuel Pano Becerra.
Trascendió que Lester Hernández, titular de ese organismo de fiscalización, en cumplimiento e instrucciones directas del Ejecutivo, a través del coordinador de asesores del Gobierno pablista, César Chávez, ordenó la revisión de la cuenta pública y todo lo que concierne a la forma en que el edil, Pano Becerra, maneja los recursos del municipio de Tapachula.
Bajo la consigna de proceder inmediatamente, los auditores precipitadamente se trasladaron al Soconusco, sin esperar el dictamen de las Comisiones Unidas del Congreso del estado, que presiden los diputados priistas Blas Zamora y Pedro San Cristóbal, que son los facultados para autorizar al órgano fiscalizador, la revisión de los número de administraciones municipales.
A cuatro días de las elecciones federales -coincidieron varios diputados priistas-, el Gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía instrumenta el método de persecución e intimidación contra los alcaldes, que como el de Tapachula, Manuel Pano Becerra, no firmaron el convenio del Gobierno del estado con los munícipes, para que el ejecutivo se apropiara del derecho a manejar los recursos, que de acuerdo con el Artículo 115 Constitucional, deben ser administrados por los propios Ayuntamientos.
Señalan que la auditoría a Pano Becerra sin ser autorizada por el Congreso del estado, responde a una estrategia perversa del Gobierno, para que el alcalde de Tapachula saque las manos del proceso electoral federal, pues el Ejecutivo cuenta con informes de que está jugando con “dados cargados”, a favor de su hermano Carlos Pano Becerra, candidato del PRI a la diputación federal por este distrito.
Los legisladores locales que fueron entrevistados ayer por Cuarto Poder, sostienen la hipótesis de que esta cacería de alcaldes priistas, ordenada por el perredista César Chávez Castillo, antes de la jornada electoral del 6 de julio, es una embestida gubernamental para secuestrar al Congreso del estado y mantener al Poder Legislativo, como rehén del autoritarismo oficial, al servicio de los intereses absolutistas del gobernador de Chiapas.
