PUBLICADO EL VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2003Luis Zárate / CPEstablece el “Gobierno de la esperanza” acciones de carácter legal de manera individual contra los 93 trabajadores de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, para violar los derechos laborales, económicos y sindicales. Se establece una especie de “arraigo laboral” en la sede de los servicios educativos para Chiapas y son cambiados del centro de trabajo.
Nuevamente pretende el gobierno criminalizar las acciones de los maestros y violar sus derechos, ante la notificación del gobierno a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, asegura la base trabajadora.
Dese el lunes pasado, personal del Servicio Educativos par Chiapas, entregó de diversas formas 93 notificaciones de comisión, tanto para el personal académico como administrativo, donde el gobierno pablista les avisa del cambio de sede del trabajo, bajo el siguiente argumento: “a partir de la fecha que aparece en los oficios de referencia y con la misma clave presupuestal que ostentan, se les ha comisionado provisionalmente en el Departamento de Formación y Actualización Docente, dependientes de la SECH, en tanto se define su situación académica y administrativa, así como la reorganización de su centro de trabajo y cada uno de los notificados”.
El personal docente y administrativo de la Escuela Normal Rural Mactumactzá pertenecientes a la delegación D-II-2, así como la dirigencia de la Sección 7 de la SNTE, definieron que se trata de una nueva estrategia gubernamental de complicar el conflicto de los normalistas de la Mactumactzá.
“Ya se metieron en un hoyo de donde ahora no pueden salir, han intentado mediante el arraigo y encarcelamiento de los estudiantes desaparecidos de la Mactumactzá, ahora de manera unilateral pretenden violar los derechos laborales de la base trabajadora” señaló Fortín Vázquez Pérez, secretario general de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación ante la nueva embestida del gobierno del cambio.
Por su parte, Horacio Meléndez López, vocero de la delegación sindical, destacó la situación como irregular, ya que fue instrumentada la notificación de “comisión forzada” mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje, “se violentan nuestros derechos laborales y a todas luces se trata de una herramienta a utilizar en el conflicto del gobierno contra la Mactumactzá y ahora pretenden afectarnos por el campo laboral”, puntualizó.
Al mismo tiempo, argumentó Meléndez López, que se agreden los derechos humanos de los trabajadores y sus familias. También señaló que esta determinación deja en evidencia nuevas acciones represivas del gobierno, en dar trato criminal a las bases del magisterio en la entidad.
“Se trata de nuevos mecanismos de arbitrariedad que se están estrenando en Chiapas, que atentan contra los trabajadores sindicalizados y la educación pública”, concluyó el maestro Meléndez López.
