Publicado sábado 9 de septiembre de 2006Rafael Espinosa / CPNo es más que un “show” político la amenaza de Mariano Herrán Salvatti el supuesto procedimiento jurídico en contra de la bancada priísta del Congreso del Estado que tan sólo se resume a un procedimiento administrativo del orden civil, explicó el expresidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Gabriel Soberano Velasco.
Lamentó que Mariano Herrán Salvatti, fiscal general del Estado, esté invadiendo y tratando de sojuzgar un poder en razón a una actividad que los diputados consideran que no es la adecuada en estos momentos para el estado de Chiapas.
La demanda por omisión legislativa es un procedimiento que la ley contempla que se debe de hacer ante la Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia , dado que los diputados tienen fuero constitucional y podrían ser sancionados respecto a las iniciativas que el gobernador presentó ante el Congreso, no es un procedimiento penal.
“En ese sentido es muy clara la Constitución, nada pueden hacer hasta que la Sala Superior compruebe y determine responsabilidad por la supuesta omisión y enviárselo al mismo Congreso para que éste haga el proceso de desafuero de los diputados por ser omisos en su labor”, argumentó el jurista.
Además, agregó que lógicamente los legisladores tienen la facultad de irse a un recurso constitucional de amparo o de controversia, en un momento dado, contra el acto de la misma Sala Superior del Supremo Tribunal de Justicia, sin embargo, como el proceso consume tiempo, para ese entonces ya acabaron su labor legislativa. Soberano Velasco aclaró que esta situación es de índole civil administrativo político, no es penal de ninguna forma y lo que le puede pasar al legislador es que sea quitado de su función, pero, no tiene ningún efecto jurídico inmediato.
Diputados
En este mismo sentido, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Roberto Waldorf Ortíz Gutiérrez, explicó que las declaraciones de Mariano Herrán Salvatti son por demás aventuradas y con ello pretenden intimidar a los legisladores priístas.
“Condenamos las declaraciones del Fiscal General por pretender juzgar un poder y tachar la postura de la fracción de chantajista”, expresó el legislador.
Aclaró también el coordinador que en primer lugar no hay ninguna omisión, porque el plazo para aprobar la Ley de menores infractores -que es por la cual podría existir una omisión legislativa- es el 12 de septiembre; si vencido el plazo no se aprueba se podrá hablar de una omisión, mientras tanto el Fiscal no tiene argumentos para amenazar a la fracción, explicó.
Pablo, omiso
Concluyó explicando que quien ha omitido su responsabilidad es el Ejecutivo del estado, por qué envió al Congreso la iniciativa el 29 de agosto, por lo tanto el gobernador debe asumir su responsabilidad en las omisiones en que ha incurrido.