Publicado el martes 31 de enero de 2006Jesús Belmont / CPEl procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, interpuso nueve juicios para declarar inconstitucionales una serie citas establecidas para emitir infracciones de tránsito en los municipios chiapanecos de Tonalá, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Ocozocoautla de Espinosa, Huixtla, Palenque, Arriaga, Villaflores y Comitán de Domínguez.
Demanda
En su función de defensor de la constitucionalidad, el abogado demandó al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y al Congreso local, por considerar que se atribuyeron facultades que no tienen para imponer algunos impuestos a la población de las citadas localidades.
El titular de la PGR promovió 12 juicios y los restantes se tratan de cobros por concepto del uso de la energía eléctrica en los municipios de Chavinda, Uruapan y La Piedad, en el estado de Michoacán.
Cabeza de Vaca demandó también al gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, y al Congreso del Estado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las demandas y los ministros les pidieron a los congresos estatales y a los gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía y Lázaro Cárdenas Batel, que en un plazo de 15 días para que rindan un informe detallado respecto a las reformas que fueron impugnadas por el procurador general de la República.
Los congresos locales deberán enviar una copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de la comisión correspondiente, las actas de las sesiones en los que se hayan aprobado las citadas disposiciones y en las que conste la votación de los legisladores del Congreso.
Tiempo de vergüenza
“El estado de Chiapas vive tiempos de vergüenza de los que está obligado a escapar y procurar no contaminar a la población, y para ello hay que alzar la voz y hacer valer la Constitución para que no se confunda el inepto gobernador y cumpla con emitir un informe detallado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se le solicitó por sus acciones ilegales e inconstitucionales al cobrar impuestos indebidamente”.
Expertos
El abogado constitucionalista Alberto Woolrich Ortiz, fundador del Ateneo Colegio de Estudios Jurídicos Internacionales “Dr. Luis Gonzaga y Sevilla”, comentó lo anterior y agregó que “por fortuna, con el Poder Judicial de la Federación, los chiapanecos no se encuentran ni inermes ni indefensos, y se han unido a la excelsa misión de la Suprema Corte de Justicia para no caer en el abismo de la barbarie y la arbitrariedad del nefasto gobernador”.
Por su parte, Joaquín Dávalos Paz, presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal, y Javier Olea Muñoz, presidente vitalicio del Instituto de Investigaciones Jurídicas Internacionales. A.C. opinaron que los gobernadores Pablo Salazar y Lázaro Cárdenas se tomaron atribuciones que no les corresponden, los que pone en evidencia como un par de “ignorantes” del Derecho Constitucional y por si fuera poco su proceder los etiqueta como arbitrarios y violadores del pacto federal.
Los especialistas en Derecho Constitucional exigieron seriedad y pulcritud en los antecedentes legislativos que enviarán los Congresos de Chiapas y Michoacán a la Suprema Corte, pues los dictámenes de las comisiones correspondientes, así como las actas de las sesiones, en las que se aprobaron dichos impuestos, son de suma importancia para anular el cobro de los citados gravámenes.
Los entrevistados recordaron que dentro de las atribuciones del titular de la PGR se encuentra promover juicios contra leyes o normas que se consideren violatorias de la Constitución, como en este caso en el que se demandó que los gobiernos de Chiapas y Michoacán, no están facultados para imponer impuestos en las localidades mencionadas.