PUBLICADO EL MARTES 29 DE JULIO DE 2003Carlos Herrera / CPLa Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia acusó al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía de cooptar a dirigentes de muchas organizaciones para intentar dar una imagen de gobernador democrático fuera y dentro del país.
“Es uno de los gobiernos astutos que ha podido controlar a organizaciones a través de la cooptación de dirigentes de muchas organizaciones. Eso ha llevado a que limpie su imagen porque son dirigentes de agrupaciones que se han aliado con Pablo Salazar”, comentó Marcos López Pérez, miembro de la Coordinadora de la Sociedad Civil.
El portavoz de la Coordinadora participó en una conferencia de prensa para recordarle al gobernador Pablo Salazar que hace dos años la Policía chiapaneca aplicó un violento operativo en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas, en la Selva Lacandona.
“Con este operativo que se realizó en San José, Pablo Salazar no ha querido reconocer que fue un operativo violento con tal de limpiar su imagen, porque si reconociera caería en la incongruencia de sus discursos internos y externos en que dice encabezar un Gobierno democrático; nosotros como sociedad civil queremos dar a conocer estos hechos”, afirmó Frumencio Sánchez Cruz, representante de los afectados de este operativo.
Dijo que entre los 69 detenidos, la Policía arrestó a 36 miembros de la Coordinadora de la Sociedad Civil, entre ellos a mujeres, ancianos y jóvenes, a quienes golpeó y hasta torturó.
La Policía llegó a rescatar a 6 funcionarios retenidos por el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), sin importar detener a quienes no tenían responsabilidad.
Liberan a integrantes
La Procuraduría General de Justicia del Estado liberó a los 36 integrantes de la Coordinadora de la Sociedad Civil pero no castigó a los responsables de las detenciones arbitrarias.
“Mientras que en su campaña (Pablo Salazar) decía que era un Gobierno de cambio, que iba a haber un cambio, mucho apoyo para los indígenas, pues ya vimos nosotros en la región el cambio que ha habido: golpear a la gente, más que otros gobiernos”, expresó López Pérez.
Los agraviados solicitan el pago de más de 4 mil pesos por saqueo de tiendas, robo de aparatos domésticos, los gastos de servicio médico, así como el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.
Aunado a la deliberada dilación y la ineficaz aplicación de la justicia, los campesinos de San José mencionaron que su localidad no cuenta con los servicios de salud, educación, agua potable y el Gobierno está lejos de cumplir con estas obligaciones.
En un comunicado, varias organizaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, (CDHFBC), advierten que no cesarán de seguir denunciando esta situación, incluso hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
