PUBLICADO LUNES 5 DE MAYO DEL 2003Carlos Herrera / CPEl abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz consideró que la reciente detención de Conrado de la Cruz Morales es un mensaje político para tratar de acallar a los sectores que se han mantenido críticos al Poder Ejecutivo.
“Más allá del trasfondo jurídico que pudiera haber en el caso, hay un mensaje político en la detención del hijo del director de Cuarto Poder, es así porque es evidente que la detención se lleva a cabo con una finalidad política, opinó De los Santos.
El abogado, miembro de la Red de Defensores Comunitarios, comparó la detención de De la Cruz Morales con las aprehensiones y represiones que ha sufrido el magisterio chiapaneco, con los campesinos de Venustiano Carranza que tuvieron que ser liberados.
De los Santos dijo que éste es un caso grave que impacta en el respeto a los derechos humanos, porque el Poder Ejecutivo dispone de todo el aparato de procuración de justicia para intentar destruir a quienes lo critican, para saciar venganzas personales, y sobre todo, cuando no hay un Poder Judicial independiente sino sumido.
Insistió que en este caso, la finalidad de la detención es política, así como los ataques hechos hace meses por el gobernador Pablo Salazar hacia su persona. “Creo que es parte de una política de respuesta del gobierno hacia todos los ciudadanos y organizaciones independientes”, acotó.
“Resultaría ingenuo pensar que se trata de un acto de justicia; me gustaría recordarle al gobernador la centena de órdenes de aprehensión que están pendientes a ejecutar y en ninguno de esos casos se ha actuado con la celeridad, ni se han gastado los recursos que se invirtieron para detener a Conrado de la Cruz”, enfatizó.
Recordó por ejemplo que la Procuraduría de Justicia no ha ejecutado la orden de aprehensión en contra del ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien fue responsabilizado de la muerte y tortura que sufrió el campesino Reyes Penagos en el año de 1996.
Es más, la Procuraduría jamás ha esclarecido las muertes de varios zapatistas registrados en agosto del años pasado, en lo que la autoridad también demuestra su falta de capacidad.
El abogado defensor de los presos zapatistas, quien goza de un prestigio por su labor en la defensa de los derechos humanos, sostuvo que el caso de Cuarto Poder se debe enmarcar en el hecho de que el gobernador inicialmente planteó una nueva relación con los medios de información, “pero ese ofrecimiento oficial quedó como un discurso más”, porque la mayoría de los diarios siguen al servicio del titular del Poder Ejecutivo en turno.
Al hablar sobre la línea editorial de este medio, el abogado indicó que “en Chiapas existen muy pocos periódicos, entre ellos Cuarto Poder, que han mantenido una perspectiva crítica, objetiva y completa hacia las acciones del gobierno, independientemente que hubieran diferencias personales entre el propio gobernador y los directivos del Cuarto Poder”.
“Exhortaría a quienes trabajan en Cuarto Poder a mantener esa crítica porque las acciones del gobierno siempre tienen que estas vigiladas y los ojos de la sociedad son los periodistas, quienes pueden atestiguar y estar más al pendiente de las acciones de los gobiernos, y así informar a la sociedad sobre las malas políticas que pueden mejorarse.
