Publicado el miércoles 2 de enero de 2002Cinthya Vasconcelos / CPUna nueva denuncia en contra del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía fue realizada en esta ocasión por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en la cual se señala el tipo de acción gubernamental ejercida en el rescate de personas que permanecían secuestradas.
El organismo señaló que, en los acontecimientos ocurridos en julio pasado en la comunidad de San José, municipio de Marqués de Comillas, durante el operativo de captura de los secuestradores se recurrió al uso de métodos como “bolsas de plástico en la cabeza para asfixiar, presión psicológica y amenazas de tirar a dos de ellos al vacío desde el helicóptero”.
Debido a esto, el organismo defensor de los derechos humanos recomendó al Gobierno de Chiapas hacer una reparación integral de los daños, por un lado investigando a los cuerpos policíacos y por el otro, indemnizando a los habitantes de San José.
Ante esto, mediante un boletín de prensa, el Gobierno del Estado reconoció que, como parte del operativo de rescate, en el cateo practicado a diversos domicilios en búsqueda de los secuestrados, otros integrantes de la comunidad ajenos a los hechos delictivos fueron afectados con daños materiales.
Los daños
Se especifica que el 10 de agosto del 2001, la comunidad del ejido Barrio San José presentó por escrito, el recuento de los reclamado: instrumentos de labranza y ropa, además del pago de los siete días que no trabajaron por los acontecimientos, lo que suma en total 48 mil 490 pesos, mismos que fueron entregados por conducto de Miguel Ángel Santos Cruz el 13 de agosto, según consta en el recibo correspondiente.
Las peticiones
El Gobierno del Estado aseguró que en reiteradas ocasiones se le ha solicitado al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que se presenten las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público del fuero común para determinar la presunta responsabilidad de los servidores públicos por los hechos denunciados, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.
Respuesta oficial
Por esto, el 31 de diciembre del año anterior, mediante el oficio número SG/669/2001, la Secretaria de Gobierno instruyó a la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciar de oficio la investigación correspondiente para aclarar los hechos denunciados en e informe especial elaborado por el Centro Fray Bartolomé de las Casas.
Asimismo, se le solicitó requerir oficialmente a dicho centro para que aporte los testimonios y documentos que obran en su poder, de los supuestos hechos de tortura, robo y abuso de autoridad que dice se cometieron el pasado 27 de julio en el ejido Barrio San José.
De esta manera, el Gobierno del Estado rechazó cualquier imputación de violación de derechos humanos, más aún aquellas acusaciones que no tienen fundamento alguno de prácticas ilegales de tortura.
También reconoció que los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos pueden jugar un papel fundamental, por ello, aseveró que espera la mayor colaboración en las investigaciones correspondientes de la dirección y los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el caso Marqués de Comillas.
Como ejemplo de las acciones emprendidas durante el primer año en el impulso a la cultura de derechos humanos en Chiapas, el Gobierno mencionó que este es el primer estado que reformó el Código Penal para tipificar el delito de desaparición forzada de personas, con un castigo de 8 a 15 años de prisión por lo que ahora, los funcionarios que incurran en abuso de autoridad y en delitos cometidos en la administración de justicia no alcanzan fianza.
Además de que se tipificaron los delitos contra la dignidad de las personas, que consisten en la incitación al odio o a la violencia, vejación o exclusión de una personas o grupo de personas y negación o restricción de grupos laborales en razono de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social y otros. Así como la depuración de los cuerpos de seguridad que ha comprendido: la detención de 25 excomandantes de la Policía.
