Publicado miércoles 21 de septiembre de 2005Víctor Hugo López / CPOrganismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, con sede en San Cristóbal de Las Casas, han documentado a través de diversos informes editados los pendientes en materia de seguridad en Chiapas, entre ellos destacan los temas de: paramilitares en la zona de conflicto, feminicidios, desplazamiento interno, conflictos religiosos y abuso de autoridad.
A la par de las labores de protección y acompañamiento que realizan organismos defensores de derechos humanos en la entidad, ha quedado registro y testimonio de diversos casos presentados por comunidades y personas que han sufrido la agresión a sus derechos más elementales.
Entre los casos más añejos en el contexto del conflicto actual están: el genocidio perpetrado por grupos paramilitares, principalmente en la Zona Altos y Norte del estado, lo cual ha derivado en otra problemática, la de que centros poblacionales enteros tengan que migrar a campamentos improvisados creando muchas veces nuevas comunidades.
Otros casos que contradicen los informes oficiales con respecto a la baja de los índices de violencia y seguridad en poblaciones urbanas es el relacionado con los casos de feminicidio que, en municipios fronterizos y en ciudades como San Cristóbal, han figurado por los constantes hechos documentados de personas muertas en situaciones de violencia.
De todo ello los organismos no gubernamentales han dado cuenta al Gobierno Estatal tal como lo prueba el documento “Propuesta de medidas para erradicar los abusos por parte de los agentes de Seguridad Pública y policía judicial en contra de la población de Chiapas”, entregado desde el 2003 sin que hasta la fecha el contexto haya mejorado.
El testimonio y la denuncia han quedado documentados en más de una veintena de documentos escritos y audiovisuales que pueden ser consultados en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Red de Defensores Comunitarios y Fray Pedro Lorenzo De La Nada entre otros, que han consignado los casos.
Dado que se han documentado casos en los que la inmovilidad de las autoridades estatales ha rebasado los tiempos contemplados, instancias como Amnistía Internacional (AI) han hecho llamados para atender los casos.
Gobierno del Estado niega pago por predios afectadosAlfredo ovilla / CPEl Gobierno del Estado se negó a pagar las tierras que son afectadas en el ejido Unión Calera, y además orquestó la represión con elementos de las policías Sectorial y Municipal, que de manera intimidatoria se presentaron frente a los casi 50 ejidatarios apostados de manera permanente dentro del predio denominado “Santa Ana”, de este municipio, en donde pasará parte de la autopista Ventosa-Arriaga.
Ayer, elementos policiales y el fiscal del Ministerio Público del fuero común hicieron acto de presencia a unos cuantos metros de donde se encontraban los ejidatarios con machete y palos en mano, sin que ninguno de los dos bandos se atreviera a cruzar la línea divisoria.
Los ejidatarios estamos listos para defender nuestras tierras al precio que sea, dijo Elvira Fajardo Cruz, comisariada ejidal de Unión Calera, cuyo problema ha sido ignorado desde hace más de 20 años.
Fajardo Cruz señaló que no entienden el doble discurso del gobierno, ya que primeramente su departamento jurídico mediante oficio número DAJ/DPPA/003/2005, fechado el pasado 3 de enero y dirigido al comisariado en turno, describe que se encuentra recabando la información relacionada con los predios y parcelas afectadas por la liberación de derecho de vía, para la construcción de la autopista Ventosa-Arriaga, y luego se niega a pagar.












