Publicado el sabado 29 de octubre de 2005Ana Laura Mondragón /CPRespecto a la detención de Adolfo Zamora, director del periódico El Orbe de la ciudad de Tapachula, acusado del delito de difamación, el abogado Gabriel Soberano Velasco, ex presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, señaló que se ha dejado ver la falta de voluntad política por parte de los legisladores, ya que en estos recae la responsabilidad de realizar reformas a la “Ley Mordaza” propuesta por el Ejecutivo Estatal.
“Podrían modificarse quitándole la palabra que señala que quien denuncie un hecho sea cierto o falso es culpable de difamación, y se debería de exigir la reparación del daño mediante una sanción económica y que se publique la sentencia en donde se dio a conocer la información en contra, y ni directamente castigar con la privación de la libertad”, señaló Soberano Velasco.
Comentó que en materia federal la difamación se remite a que cuando haya causado daño moral se sancione de manera económica, siempre y cuando se aporten las pruebas, los elementos de convicción para acreditar que efectivamente se causó un daño, no solamente decir que así fue.
Penalizan
“El Código Penal del Estado es cruel porque dice que se castigará a quien dé a conocer una nota sea cierta o falsa, por lo que si denuncia a un individuo que está haciendo cosas indebidas que son ciertas, dicha Ley castiga al que lo dio a conocer y no al responsable”, añadió el abogado. Acotó que no se trata de analizar si dicha Ley es justa o no, sino que existen leyes que no deben ser aplicables.
Dijo que hay que entender que es una facultad del Poder Legislativo modificar algunas leyes y adecuarlas a la sociedad; sin embargo añadió que se puede ver como no tienen ninguna intención de realizar alguna modificación y que aplicaron tal como se presentó.
Finalmente señaló que todas las leyes pueden ser modificables siempre y cuando el Congreso lo autorice, y sobre todo que se podría recurrir a la iniciativa ciudadana, ya que esta existe en la constitución del Estado e incluso señaló se debe recurrir a un amparo por omisión contra los diputados por no hacer lo que les otorga la Ley.
