publicado el viernes 11 de octubre de 2002Cinthya Vasconcelos / CPLa Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación CEDH/054/2002 dirigida al procurador Mariano Herrán Salvatti y al secretario de Seguridad Pública, Mauricio Gándara Gallardo, en relación a los casos de Librado de la Torre González y Arturo López Martínez, ante los abusos e irregularidades detectados en sus procesos penales.
El titular del organismo defensor, Pedro Raúl López Hernández, manifestó que la CEDH respeta los procedimientos que siguen órganos jurisdiccionales en contra de los exfuncionarios recluidos en el penal de Cerro Hueco, sin embargo, de igual forma lucha por el respeto a los derechos humanos por lo que mandaron la recomendación antes referida.
“La ley debe estar por encima de los revanchismo político y su aplicación ya no puede servir para el desahogo de rencores, ni para el ajuste de cuentas personales”, subrayó el ombudsman, respecto a la actitud que han asumido las autoridades estatales sobre el asunto de los exservidores públicos sujetos a procesos penales, por lo cual el organismo integró un expediente sobre ambos casos, “pues bien si están sujetos a un juicio penal, eso no les corta derechos que las autoridades están obligadas a respetar; vigilamos que los procesos se lleven con estricta imparcialidad sin violentar los derechos humanos”, recalcó.
Se han cometido irregularidades que ponen en entredicho el correcto ejercicio de la ley y suponen abusos que deben ser investigados y sancionados, especificó López Hernández; esto llevó a recomendar al fiscal estatal y al secretario de Seguridad Pública del Estado, que soliciten a la Contraloría General del Estado, el inicio de un procedimiento administrativo de investigación en contra de Mirna Isela Gutiérrez Camas, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Servidores Públicos, y de Raúl Hernández George, director del Cereso número Uno.
Comentó que la funcionaria no fundó ni motivó la solicitud de excarcelación de los procesados, por habérselo dirigido a una autoridad incompetente como lo es el director del penal Uno.
En lo que se refiere a las arbitrariedades cometidas por el alcalde, argumentó el presidente de la CEDH, que éste es probable responsable de haber violentado las garantías de De la Torre González y López Martínez, al ordenar su excarcelación y remitirlos al Ministerio Público, sin tener competencia por ello.
En el caso específico de Librado de la Torre González, el ombudsman enfatizó que se solicitó a Gándara Gallardo tramitar procedimiento administrativo de investigación en contra de todos los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del censo Uno, quienes acordaron el traslado del interno del penal Uno al Dos, sin tener facultades, además pidió que se le regresen sus pertenencias y se le rebusque ante su estado de salud.
