PUBLICADO VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2001Javier Sevilla / CPInsalubridad y pestilencia a excremento y a orines en la entrada principal del Palacio de Gobierno es una de las tantas consecuencias de los plantones que se han hecho costumbre en la capital, debido a que las autoridades se niegan a atender las demandas de diversos grupos que se han instalado en los pórticos de ese edificio y en la plaza central.
A parte de que las autoridades gubernamentales no solucionan las peticiones como la de los transportistas discapacitados que demandan la devolución de concesiones de taxi, de los comuneros priístas expulsados de sus tierras desde 1998 en Nicolás Ruiz, de estudiantes de Simojovel o agremiados a Antorcha Campesina, tampoco han puesto atención en la limpieza de toda esa área, pese a que ese edificio alberga la sede del Poder Ejecutivo.
Al mediodía, los olores fétidos aumentan alrededor del edificio donde despacha el mandatario estatal y de acuerdo con quienes se manifiestan, no hay para cuándo resuelvan sus demandas.
En el acceso principal del Palacio aún se mantienen en plantón transportistas discapacitados que desde hace dos meses han tramitado ante el gobierno la liberación de las concesiones de taxis, sin obtener alguna respuesta favorable.
Y apenas este miércoles regresaron comuneros priístas de Nicolás Ruiz, a quienes perredistas de esa misma localidad les cancelaron sus derechos parcelarios solo por no militar en las filas del PRD.
Ellos también están dispuestos a permanecer ahí de manera indefinida y amenazan que de no haber respuesta, tomarán sus parcelas, pues ni el comisionado para la reconciliación en los municipios, Juan González Esponda, ha logrado desactivar este problema.
Pese a tener resoluciones del Tribunal Agrario a favor de la posesión de sus propiedades, las cuales son ahora trabajadas por perredistas, el Gobierno no ha hecho algo para restablecer el Estado de Derecho, reprochó ayer Jorge Díaz Jiménez, comunero al que le cancelaron sus derechos parcelarios desde 1998.
El gobierno aplica la ley del garrote
No había pasado una semana de haber levantado un plantón en el zócalo de esta ciudad, cuando los integrantes de la Antorcha Campesina ya estaba de regreso en protesta porque el Gobierno giró por lo menos siete órdenes de aprehensión contra sus agremiados y el dirigente estatal, Alejandro Vázquez Nájera.
Para Vázquez Nájera, las acciones de “represión” se deben a que durante esta administración han solicitado atención a demandas de carácter social.
“Los que se dicen del nuevo gobierno no se resistieron a hacer uso del poder de manera indiscriminada y ofrecen la ley del garrote a las organizaciones sociales que se les piden que se resuelvan sus demandas”, criticó.
La acción penal se debe a que están invadiendo una extensión del Parque Nacional Cañón del Sumidero que reclaman como propio dos señoras.
Sin embargo, los antorchistas sustentan que ese predio fue expropiado por decreto presidencial y de ahí que quien se exhibe como propietario no tiene la legitimidad para entablar una querella.
Y además, el dirigente de Antorcha Campesina recalcó que había el compromiso de respetar esa posesión y evitar la acción de la justicia, con fundamento en una minuta que signaron desde el 9 de junio.
