Siniestro pasado: Interpondrán juicio político contra el gobernador

Siniestro pasado: Interpondrán juicio político contra el gobernador

Publicado 19 de Abril de 2001Nolberto Chamé / CPPor estar “dándole” recursos a dependencias estatales no autorizadas por el Congreso del estado, la mayoría de diputados de la LX Legislatura local podían interponer en los próximos días demanda de juicio político contra el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Gabriel Aguiar Ortega, dio a conocer lo anterior, en una reunión con hombres de negocios encabezados por Rodolfo Granda Sánchez, aunque en conferencia de prensa posterior aclaró que aún no existe acuerdo ni fecha precisa para interponer ese recurso.

En el Restaurante Magally, donde se reunió con representantes de varias cámaras empresariales, Aguiar Ortega planteó un serie de acusaciones contra el gobernador Salazar Mendiguchía, a quien, dijo, le darán “chance” unos días más en torno al Presupuestos de Egresos 2001, de lo contrario el Congreso local también se irá a controversia constitucional sobre este caso.

Se pronunció en favor del diálogo y la concertación y de esperar a que el gobernador tenga voluntad para sentarse a dialogar sobre el presupuesto, pero aclaró que el mandatario ya mandó a decirle en reiteradas ocasiones que no le interesa aprobar el presupuesto.

Sin embargo, dijo, “vamos a darle chance al gobernador unos días más, de lo contrario nos iremos a demanda constitucional”, porque ya basta de la actitud civilizada que nosotros hemos tenido.

En este contexto se planteó el dilema de “seguir como estamos o irnos a un juicio político contra el gobernador”.

Después de explicar a los empresarios la situación relacionada con el presupuesto de egresos 2001, les dijo que el gobierno de Pablo ha tratado de desintegrar a los 14 legisladores priístas que aún se mantienen cohesionados, mandando a llamar a algunos de ellos para intentar sobornarlos con 1, 2 y hasta 3 millones de pesos para que “se pasen al otro lado” y puedan tener mayoría para nombrar a un nuevo presidente de la Gran Comisión.

Su interés, dijo a los empresarios, es tener un Congreso cooptado, que no proteste. “En la lógica del gobernador no está ante el pueblo de Chiapas”, precisó Aguiar Ortega.

Sin embargo, advirtió que mientras los 14 de los 26 legisladores del PRI se mantengan unidos, “no entregaré el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo”, y se pronunció en favor del respeto a la división de poderes.

Ilegal ejercicio del presupuesto

Después de la reunión, donde en actitud de soberbia impidió a los reporteros grabaran sus palabras, Aguiar Ortega se contradijo en torno al recurso de juicio político contra el gobernador, pues luego de señalar a los empresarios que darían “chance” unos días más al Ejecutivo, en conferencia de prensa dijo que todavía no existía un acuerdo respecto a esta cuestión.

“No tenemos una decisión tomada por la mayoría en la Cámara. Hasta este momento no hemos decidido cuál es el recurso que de acuerdo con la ley, vamos a implementar para hacer valer la ley”.

¿Estamos hablando del juicio político?

Estamos hablando exactamente de eso en caso e que lo decidiéramos hacer. Miren, yo lo que quiero dejar claro es que hasta este momento no hemos encontrado, dentro de nosotros, el acuerdo para ver cuál es el recurso del que vamos a echar mano para que podamos hacer respetar la ley en Chiapas.

Propuestas de empleo y de dinero a diputados

Dijo usted en la reunión que a algunos compañeros suyos se les intentó sobornar con 1 millón, 2 millones, y 3 millones de pesos. ¿Podría precisarnos por favor?

No, no, porque no tengo pruebas, por eso lo dije con un poco de cuidado, porque no tengo pruebas. Mis compañeros fueron llamados a algunas oficinas de Gobierno; a lo mejor con o sin autorización del gobernador les hicieron propuestas de empleo y de dinero con tal de que se pasaran, según ellos, al otro lado y pudieran tener ellos mayoría y poder nombrar a un nuevo presidente de la Gran Comisión.

¿Quienes serían esos diputados?

Omito los nombres.

En este sentido, Aguiar Ortega aseguró que concretamente han sido cinco diputados priístas que han sido llamados por el gobierno de Pablo Salazar y les han ofrecido ocupar un cargo público dentro del Gobierno o ser candidatos a un puesto de elección popular, “que pudieran ser las presidencias municipales o que se esperen para las diputaciones federales”.

Pero, bueno, cuál es el problema para no dar a conocer los nombres de esos cinco diputados, le dijo al reportero.

No, no, a lo mejor ellos, si alguno de ellos lo quiere hacer que lo haga, pero no soy yo el indicado, no tengo autorización”.