Publicado el sábado 14 de junio de 2003Carlos Herrera / CP Las viudas y familiares de las personas asesinadas y heridas, durante los hechos violentos registrados en el municipio de Zinacantán, demandaron al Gobierno estatal que no permita la impunidad y que castigue a los responsables de estos hechos.
En una carta, las viudas le recuerdan al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía que han pasado tres meses de los hechos suscitados el 5 de marzo de este año, “donde las balas de odio asesinaron salvajemente a nuestros maridos Mariano Hernández Pérez y Rigoberto Pérez Montejo”, pero hasta la fecha no se ha hecho justicia por este grave caso.
Un tanto desesperadas, las mujeres víctimas de la violencia política de Zinacantán, señalan que presentaron sus denuncias ante la Subprocuraduría de Justicia Indígena en su debido tiempo y forma, y han probado el delito de homicidio calificado que se le atribuye a los agresores.
“A los cinco días después de que ocurrieron los hechos ya estaba debidamente integrada la averiguación previa, por lo que no llegamos a entender, por qué hasta la presente fecha la Subprocuraduría de Justicia Indígena no ha solicitado ante el Juzgado del Ramo Penal que se liberen las órdenes de aprehensión en contra de los malditos asesinos”, sostienen.
¿Por qué no consignar las averiguaciones?
Las mujeres preguntan al gobernador cuál será el interés de no consignar estas averiguaciones previas, “pues los elementos del delito están debidamente acreditados” y los agresores están identificados, cuyos nombres no darán por ahora para no entorpecer las investigaciones.
En su misiva, explican que en varias ocasiones han acudido a la Subprocuraduría de Justicia Indígena, con sede en San Cristóbal, acompañadas de sus representantes legales, pero les ha causado sorpresa el hecho “que siendo nosotros los agraviados nos niegan información, y además nos manifiestan que la averiguación previa fue remitida a la Procuraduría de Justicia del Estado, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y que desconocen si ya salió consignada”.
Con justificada razón le reprochan a Pablo Salazar. “Hemos escuchado en los medios de comunicación que usted dice que no habrá impunidad, pero seguimos sin entender hasta cuándo va a actuar contra los asesinos, que se pasean y se ríen de todos nosotros”.
Las inconformes denuncian que estos agresores -a quienes se les ha ligado con la presidencia municipal que encabeza el PRD en Zinacantán- “han llegado al grado de mandarnos a decir con otras personas que no sigamos quejándonos ante las autoridades de lo contrario seremos atacados como lo hicieron en contra de nuestros maridos”.
Las mujeres recuerdan que el 24 de marzo, las partes en conflicto, priístas y perredistas y una comisión interinstitucional del gobierno, suscribieron una minuta de acuerdos en la que se establecía entre otras cosas que se indemnizaría a las víctimas, pero eso no ha ocurrido.
El conflicto entre priístas y perredistas que dejó un saldo de dos personas muertas y 13 heridos, cuando personas armadas ligadas al PRD y la Alcaldía, atacaron el pasado 5 de marzo a un grupo de priístas, derivó en la denuncia del alcalde, de filiación perredista.
Pero hasta ahora no hay más. Por eso, las viudas reiteran. “Pedimos a la Subprocuraduría de Justicia Indígena asuma su más estricta responsabilidad con apego a la ley, salvaguardando la legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, de no cumplir con lo anterior se incurre en violaciones a derechos humanos, independientemente de la responsabilidad penal civil que pueda tener los servidores públicos”.
