Publicado el miércoles 15 de febrero de 2006Sergio Granda / CPRumbo a los procesos electorales federal y estatal de julio y agosto venideros, el presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos “Manuel Castellanos Castellanos”, Arturo de Jesús Becerra Martínez, opinó que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía no debe intervenir ni meter “mano negra” para facilitar la llegada de sus candidatos, caso contrario apostaría por la ingobernabilidad y el caos jurídico.
En exclusiva para Cuarto Poder, el exprocurador de Justicia, Becerra Martínez, expuso que aún cuando en la entidad existe “un marco jurídico”, los chiapanecos de verdad esperan que esta nueva jornada electoral 2006 salga bien y en paz, “por ello, es bien visto que el Ejecutivo del estado de verdad cumpla sus promesas de apartarse de este proceso democrático”.
Caos jurídico
Becerra Martínez reconoció que desde el arranque de la reforma constitucional en materia electoral en Chiapas, “criticamos la inoperancia y sobre todo la anticonstitucionalidad de los supuestos nuevos órganos electorales coadyuvantes del Instituto Estatal Electoral (IEE), que era la máxima autoridad en este proceso electoral”.
Sin embargo, añadió, con la creación de la Contraloría de la Legalidad Electoral (CLE), una mal llamada Fiscalía Electoral del Estado (FEE), así como las posteriores reformas al Código Electoral y la Ley de Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación, “sí hay una preocupación real porque todos estos supuestos órganos auxiliares están sustituyendo al IEE”.
Reconoció que se han registrados procedimientos jurídicos muy dudosos en contra de aspirantes a la gubernatura de Chiapas como el senador José Antonio Aguilar Bodegas y el mismo Roberto Albores Guillén “por eso es preocupante que el mismo gobernador del estado quien permita que él mismo se ensucie, sea de funestas consecuencias y aliente la ingobernabilidad”.
Finalmente, Becerra Martínez expuso que actualmente es sumamente criticable que funcionarios que colaboran con la Secretaría de Gobierno del Estado se encuentren incrustados en los órganos electorales e incluso en las dirigencias de los partidos políticos del Estado, o estén colaborando activamente en la elección interna de los futuros candidatos al Gobierno.