Publicado el 15 de febrero de 2006Sergio Granda / CPRumbo a los procesos electorales federal y estatal de julio y agosto venidero, el presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos “Manuel Castellanos”, Arturo Jesús Becerra Martínez, opinó que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía no debe intervenir ni meter “mano negra” para facilitar la llegada de sus candidatos, caso contrario apostaría por la ingobernabilidad y el caos jurídico.
En exclusiva para Cuarto Poder, el ex procurador de Justicia, Becerra Martínez expuso que aún cuando en la entidad existe un “marco jurídico”, los chiapanecos de verdad esperan que esta nueva jornada electoral 2006 salga todo con bien y paz, “por ello es bien visto que el Ejecutivo del estado de verdad cumpla sus promesas de apartarse de este proceso democrático”.
Caos jurídico
Becerra Martínez reconoció que desde el arranque de la reforma constitucional en materia electoral en Chiapas, “criticamos la inoperancia y sobre todo la anticonstitucionalidad de los supuestos nuevos órganos electorales coadyuvantes del Instituto Estatal Electoral (IEE), que era la máxima autoridad en este proceso electoral.
Sin embargo, aludió, con la creación de la Controlaría de la Legalidad Electoral (CLE), una mal llamada Fiscalía Electoral del Estado (FEE), así como las posteriores reformas al Código Electoral y la Ley de Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación, si hay una preocupación real por que todos estos supuestos órganos auxiliares están sustituyendo al IEE.
Reconoció que se han registrados procedimientos jurídicos muy dudosos en contra de aspirantes a la gubernatura de Chiapas como el senador Jose Antonio Aguilar Bodegas y el mismo Roberto Albores Guillen “por eso es preocupante que se el mismo gobernador del estado quien permita que el mismo se ensucie, se de funestas consecuencias y aliente la ingobernabilidad”.
Finalmente expuso que actualmente es sumamente criticable el que el funcionarios que colaboran con la Secretaría de Gobierno del Estado se encuentren incrustados en los órganos electorales e incluso en las dirigencias de los partidos del Estado, o estén colaborando activamente en la elección interna de los futuros candidatos al Gobierno.
