26 de marzo de 2001Domingo Pérez / CPEl magistrado Jorge Alfredo Clemente Pérez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, responsabilizó a la Policía del estado de todos los daños y prejuicios que sufran las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia, después de exhortar al director de esta corporación a retirar a sus más de 30 elementos que resguardan el inmueble.
“Los hago responsables absolutamente de todo lo que existe en el inmueble, además de cualquier agresión que pueda sufrir el personal del SupremoTribunal y en su integridad física, y cualquier circunstancia que resulte en algún daño ellos serán responsables”, apuntó.
En las primeras horas de este domingo, Jorge Alfredo Clemente Pérez acompañado de la Secretaría de Acuerdos y otros magistrados, arribó el Supremo Tribunal de Justicia en donde constataron la violación de más de siete cerraduras de las puertas de las oficinas de la Presidencia.
En conferencia de prensa, precisó que la presencia y ocupación de elementos de la Policía Judicial del estado al Supremo Tribunal de Justicia, constituye una violación flagrante a los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Ante esta flagrante violación a la división de Poderes, no cabe otra apreciación que no sea la que lleve a concluir que el Poder Ejecutivo por conducto del Procurador General de Justicia, pretende desconocer a uno de los Poderes del estado, citó.
Los magistrados se encontraban revisando la Presidencia del STJE, cuando en esos momentos se observó un despliegue de aproximadamente 30 agentes de la Policía Judicial en todo el edificio, operativo encabezado por el director de esta corporación, Arturo Salgado Cordero.
Los magistrados se toparon con el jefe policíaco en los pasillos, en donde le hicieron ver que violó el recinto judicial, además de que la manifestaron que hubo violación de chapas.
¿Porque hay presencia de policías judiciales acá?, interrogó el magistrado, Sabino Aguilar Ramírez.
-No tengo por qué informarle, discúlpeme, señor - respondió Sangado Cordero.
-Somos magistrados legalmente constituidos - dijeron al unísono los funcionarios judiciales.
-Si hablan uno por uno nos vamos a entender - contestó el director de la Policía Judicial del estado.
Volvió a preguntar Sabino Aguilar - ¿Por qué hay policías judiciales?
-No tengo por qué informarles, estamos resguardando su edificio, recibí órdenes - respondió el jefe policíaco.
En esos momentos, intervino Jorge Alfredo Clamente Robles, quien advirtió: “Le voy a pedir que a partir de este momento abandonen este recinto, salvo que quieran enfrentar la responsabilidad jurídica a la que se van a hacer acreedores, en este instante abandonan el Poder Judicial por disposición del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia que es su servidor, solamente yo puedo solicitar el resguardo de este recinto”.
-Lo voy a consultar con mis superiores, y con mucho gusto les informo - dijo el funcionario de la PGJE, y desde ese momento no se volvieron a cruzar palabras y los judiciales se apostaron frente a la Presidencia del STJE sin hacer caso al exhorto del magistrado.
Por segunda ocasión, Clemente Pérez aseguró que los magistrados nombrados por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, están pretendiendo sostener bajo una interpretación complemente torcida en derecho, del artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a Enrique Robles Ramírez, al frente del STJE.
Expresó, “Se trata del artículo 46 de la ley orgánica del Poder Judicial, es del capítulo segundo que corresponde a las facultades y la normatividad que regulan las funciones del Presidente, el párrafo segundo, en donde dice las faltas temporales del magistrado presidente, el párrafo segundo, en donde dice las faltas temporales del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia que no sean por más de 30 días, se cubrirán por el Magistrado Decano del Supremo Tribunal, cuando las faltas del término anterior pasen el pleno procederá a la designación del magistrado que debe sustituirlo”.
Finalmente, responsabilizó al procurador general de Justicia del estado, de los daños materiales y pérdida de expedientes o documentos que puedan sucederse al interior del Supremo Tribunal de Justicia del estado, toda vez, que están resguardados en él.
