Publicado el viernes 09 de diciemre de 2005Carlos Herrera / CPLa red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos manifestó que en los cinchados del actual gobierno, el poder Ejecutivo “fracasó en la creación de una política que permitiera desaparecerlas violaciones a los derechos humanos y dotar de legitimidad y credibilidad a las instituciones de procuración de justicia” en el estado de Chiapas.
El abogado Miguel Ángel de los Santo, miembro de la Red, dijo que “en materia de procuración y aplicación, las instancias de justicia se encuentran en una situación de ilegitimidad, falta de credibilidad; la población percibe que la justicia sigue subordinada al poder Ejecutivo en Chiapas”.
El reconocido abogado señaló que “la ineficiencia y el burocratismo en las instancias de procuración y administración de la justicia continua presentes y constituyen razones de esa falta de credibilidad”, y aun más grave es que siguen los problemas de tortura, hostigamiento, detenciones arbitrarias, operativos con un uso excesivo de la fuerza, entre otras formas intimidarais como la Ley Mordaza”.
En entrevista, opinó que en materia de derechos humanos, el echo de que los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan desaparecido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en noviembre del año pasado, “significó privar a la sociedad de una instancia de defensa de sus derechos”.
Indicó que en la atención de los problemas sigue habiendo un uso personal del poder: “continúa el ejercicio absolutista del poder en detrimento del Estado de Derecho; también se mostró que los operadores políticos no han funcionado para evitar situaciones de violencia en las comunidades”.
Expuso que en este último años que le queda, Pablo Salazar Mendiguchía “podría reconsiderar su política y promover el fortalecimiento de las instancias de justicia u de protección de los derechos humanos, impulsando los cambios que impliquen la transformación del Poder Judicial en una instancia con legitimidad, credibilidad y con capacidad para velar por la aplicación de la ley”.
Afirmó que se requiere impulsar la reestructuración del Poder Judicial, “acabar con viejas prácticas clientelares y de compadrazgos con el Ejecutivo en la designación de los miembros del Poder Judicial”.
