publicado el jueves 24 de enero de 2002Abenamar Sánchez / CPLa Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) y la asociación civil Palmeira demandan al secretario de Seguridad, Mauricio Gándara Gallardo, y al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, cumplan con la minuta de acuerdos signada el 5 de enero, mediante la cual se comprometieron a revisar los expedientes de líderes sociales presos en los Centros de Readaptación Social (Ceresos) 3 y 4 de Tapachula.
Prisciliano Rosales Mérida, vocero de la OPEZ, explicó que la minuta de acuerdos fue signada tras la movilización que realizaron los dos grupos en Tapachula en pro de que se liberen 10 líderes sociales recluidos en los penales, pero hasta el momento ni la revisión de expedientes ha empezado.
Precisó que la OPEZ quiere la liberación inmediata de su líder Horacio Enrique Escobar y la asociación civil Palmeira, escisión de la OPEZ-BPP (Bloque del Poder Popular) de Romeo Ibarra Espinosa. El primero está acusado de despojo y el segundo de secuestro y robo.
Magno Patrocinio Martínez, secretario de la asociación civil Palmeira, comentó que Romeo Ibarra Espinosa fue acusado por un miembro de la OPEZ-BPP, encabezado por Noé Hernández Caballero, “quien hostiga a otras organizaciones”.
Según Magno, los inconformes piden la destitución de Noé, director del Fomento Agropecuario de Tapachula.
Versión pablista no debe influir en PGJE
n Gabriel Coutiño / CP
En las investigaciones para esclarecer la agresión en contra del ombudsman chiapaneco, Pedro Raúl López Hernández, la Procuraduría General de Justicia del Estado debe asegurase que la hipótesis de un autoatentado, formulada por el gobernador Pablo Salazar, no influya en el desarrollo, ni dirección de las investigaciones, consideró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Sin embargo, señala que le llama la atención que en los hechos fue que el sábado 12 enero, la CEDH emitió la recomendación 01/2002, dirigida a Salazar Mendiguchía, a Herrán Salvatti y al secretario de Seguridad Pública, Mauricio Gándara, por el desalojo violento en el municipio de Marqués de Comillas, ocurrido en junio del año 2001, donde agentes de la Policía Estatal “robaron pertenencias, allanaron las casas, amenazaron y torturaron la mayor parte de los detenidos”.
El organismo señala que la Procuraduría General de Justicia del Estado, que preside Mariano Herrán Salvatti, debe desempeñar su trabajo de manera imparcial, y en medio de esta situación de conflictividad política, tiene que asegurar de que la hipótesis de un autoatentado, formulada por el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, “no influya en el desarrollo ni en dirección de las investigaciones”.
