PUBLICADO EL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2001Rubén de Leo / CPLa Barra Chiapaneca de Abogados elabora una demanda de juicio político en contra del secretario de Gobierno, Emilio Cebada González, por violaciones a la Constitución Política del estado de Chiapas.
En tanto, la Asociación de Abogados Manuel Flores Tovilla integró una iniciativa de ley donde propone modificar la Constitución Política del estado de Chiapas para que únicamente los ciudadanos chiapanecos ocupen cargos públicos en la administración gubernamental.
Mientras juristas chiapanecos de ambos organismos colegiados estudian sus respectivos casos que serán presentados al Congreso del estado para su estudio y análisis, el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa, continúa en calidad de “desaparecido, sin que haga acto de presencia en eventos públicos o en sus oficinas de Palacio de Gobierno, en tanto se agudizan los conflictos en los municipios considerados como “focos rojos”.
El controvertido tema de la demanda de juicio político en contra del secretario de Gobierno lo expuso ayer el sexto presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Édgar de León Gallegos, quien informó que una vez reconciliados los miembros de la fracción parlamentaria del PRI se “destrabaron” 15 asuntos legislativos que se encontraban rezagados y otros 20 más quedarán pendientes para este martes.
Al dar a conocer que el Congreso local realizaría foros en San Cristóbal y Ocosingo para consensuar con los pueblos indígenas la Ley sobre Derechos y Culturas Indígenas, dijo desconocer la demanda de juicio político de la Barra Chiapaneca de Abogados.
Sin embargo, añadió que si la demanda de juicio político político es presentada al Congreso local, las comisiones respectivas deberán analizarla para ver cuáles son los argumentos jurídicos.
El gobernador debe apegarse a la ley: Gabriel Soberano
En entrevista por separado, el presidente de la Barra de Abogados, Gabriel Soberano Velasco, afirmó que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía nombró de manera ilegal a Emilio Zebadúa como secretario de Gobierno, porque no cumple con los requisitos que establece la Constitución Política del estado de Chiapas.
“La Ley de Responsabilidades de Servicio Público sanciona al que lo nombró. Si vamos a vivir en el Estado de Derecho entonces que se aplique la ley para todos, también para los funcionarios, no solo para los ciudadanos”, sentenció.
Y agregó: Emilio Zebadúa es un buen hombre, podría estar en otra función. Pablo podría dejar de violar la Constitución y mandar a otra persona a la Secretaría de Gobierno que cubra los requisitos.
“Nosotros estamos planteando la posibilidad de hacer la demanda de juicio político con la intención de apegarnos a lo que señala el Estado de Derecho, que la ley debe de aplicarse a todos en general”, aseguró.
Dijo que si el secretario de Gobierno no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, sus actos son ilegales.
“Hay una nulidad de hechos que afecta los actos que él haya firmado porque nacieron viciados”, señaló.
Finalmente, dijo que el supuesto argumento del derecho de sangre que esgrime Zebadúa es absurdo, con el cual se quiere cubrir.
“El artículo 30 del Código Civil señala cuando es un domicilio accidental. Entonces, si revisamos que sus abuelos o papás tienen su domicilio legal en la Ciudad de México y nunca estuvieron fortuitamente fuera del estado, entonces no se da concepto de accidental”, explicó.
