Publicado el miércoles 19 de octubre de 2005Isaín Mandujano / CPMás de cien organizaciones no gubernamentales agremiadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”, exigieron hoy que se realice “una investigación especial respecto a las medidas adoptadas por las autoridades -municipales, estatal y federal- para salvaguardar la integridad de las personas y sus patrimonios a fin de deslindar responsabilidades en caso de omisiones probadas” que provocaron muerte y destrucción en miles de chiapanecos.
De antemano, acusaron a los gobiernos municipales, estatales y federal de ser los responsables en la desgracia de miles de chiapanecos al no prevenir catástrofes como estas. En una misiva exigieron al gobierno chiapaneco que encabeza Pablo Salazar y al mexicano, Vicente Fox, que pida y aceite la ayuda humanitaria internacional “pues hasta la fecha el Estado no ha mostrado tener la capacidad de respuesta ante la magnitud de la devastación”.
Tras recibir información documentada de su organismo adherente en Tapachula, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. A., la Red Nacional de Organizaciones Civiles, consideró hoy que tras los daños ocasionados por el huracán ‘Stan’ en la zona Costera, Cronteriza y la Sierra de Chiapas, se ha podido constatar que hubo “falta de aplicación de medidas preventivas adecuadas por parte de las autoridades encargadas de la Protección Civil- entre ellas, la evaluación total de personas ubicadas en las zonas hoy afectadas por las inundaciones”.
Así mismo, expuso que ha quedado en evidencia, la permisividad para establecer asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo y la continúa devastación ecológica de la región, trajo como consecuencia una magnitud mayor de daños materiales y pérdidas humanas cuyos resultados no se han podido contabilizar con exactitud hasta la fecha.
Según la Red Nacional ha recogido información de primera mano de que personas damnificadas que afirman no haber sido avisadas oportunamente por autoridad alguna, sobre los riesgos que corrían y menos aún haber sido evacuadas de los lugares de riesgo.
“Las razones por las cuales las autoridades no evaluaron la zona de alto riesgo -el municipio de Tapachula- se desconocen; podría pensarse que fue para no erogar gasto alguno al mantener a las personas evacuadas en albergues o quizás por la evidente falta de capacidad técnico-profesional en materia de prevención del actual director de Protección Civil en el Municipio, quien no previó el riesgo. Por tanto, existe la obligación de parte de las autoridades de dar una explicación plausible”, apunta en su carta-denuncia la Red Nacional.
Agrega que las consecuencias de la falta de aplicación de medidas preventivas, pérdidas humanas y materiales que podría convertirse en responsabilidad legal, penal, política y administrativa -pudiera ser la razón- por la cual aún las autoridades municipales y estatales ocultan el número real de personas fallecidas, no reciben las denuncias de personas desaparecidas y tampoco agilizan la cuantificación de los daños para la declaratoria de zona de desastre.
