PUBLICADO EL MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2003Rafael Victorio / CPAl ejercer los presupuestos por administración o con empresas “fantasmas”, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos han puesto en riego de quiebra a 90% de las constructoras de la entidad, denunció la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de México (FCICM).
El vicepresidente de la FCICM, Marco Antonio Gómez López señaló que los negocios de la construcción “patito” son utilizados por funcionarios públicos para autoadjudicarse obras, mientras que de los más de mil empresarios del ramo registrado, solamente el 10% cuenta con algún trabajo, afirmó.
Doctores, contadores y abogados se encuentran metidos la negocio de construcción y son beneficiados por el compadrazgo que tienen con funcionarios de todos los niveles de gobierno y legisladores, lo que motiva que las obras realizadas sean de una pésima calidad y en otros casos den por terminados trabajos que ni siquiera se iniciaron.
“Ahora ya no se dan diezmos sino que al otorgarse un contrato se acuerda que van al 50% de las utilidades, lo cual es sumamente grave, pero permitido por los altos funcionarios gubernamentales”, agregó.
“Es un problema serio el de la obra pública en el estado, en virtud a que los constructores desconocemos en manos de quienes están cayendo las adjudicaciones, porque incluso muchos de nosotros hemos tenido que salir del estado para conseguir trabajo ya que no existe”, indicó.
Reiteró que más de mil empresas registradas ante la Contraloría General del Estado con posibilidades de ser contratadas solamente el 10% tiene trabajo, mientras el resto permanece desocupado en virtud a que “no hay derrama económica y la obra del Gobierno no aparece por ningún lado”.
“Lo que sabemos es que existen muchas empresas ‘patito’ o ‘fantasmas’, utilizadas por los funcionarios para hacerse autoadjudicaciones, pero que no son revisadas por ninguna autoridad al gozar de la protección y padrinazgo político”, insistió.
Por otra parte, Gómez López, lamentó que el Gobierno del Estado no se interese en la profesionalización de los sectores productivos y empresariales, como el caso de la construcción, en donde “el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía no los toma en cuenta”.
Dijo que en estos momentos la FCICM se encuentra preocupada por la certificación.
Para ello, mencionó que se ha hecho un convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), para certificar a los ingenieros civiles de todo el país, que se calcula sean unos 30 mil.
Sin embargo, como ocurre en Chiapas, algunos gobernadores no quieren impulsar este proceso, sea por desconocimiento de la realidad o por sus propios intereses.
