Publicado el jueves 9 de febrero de 2006Jesus Belmont Vazquez / CPLa actitud del gobernador Pablo Salazar en contra del periódico Cuarto Poder tiene como propósito coartar la libertad de expresión, promover una prensa sumisa al poder público y legalizar actividades en contra del ejercicio libre del periodismo en perjuicio finalmente de la sociedad chiapaneca.
Ernesto Villanueva Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que en Chiapas la sanción a los delitos de difamación y calumnia es una de las más altas no solo de Mexico, sino de toda América Latina, lo que dio origen a una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En entrevista con esta casa editorial comentó que el caso del gobierno de Chiapas representa una situación atentatoria a la libertad de expresión, ademas de todos los elementos que se dan en la entidad como es la intimidación, lesionar los intereses de los medio a través de la publicidad, la agresión directa a los comunicadores, amenazas y denuncias de carácter penal.
Chiapas esta siendo un “antiejemplo” de lo que debería avanzar en el hemisferio en materia de libertad de expresión y defensa de los derechos, del honor y la vida privada.
“En todo el hemisferio avanza y ello se discute en foros como el presente acerca de la despenalización de los llamados delitos de la prensa, mientras que en Chiapas es todo lo contrario. Eso es muy lamentable”, indicó.
Acerca de trasladar a los llamados delitos de prensa del ámbito penal al civil, Villanueva, quien participo en el foro “La Despenalización de delitos de prensa: elementos para una reforma legislativa”, realizado en la Cámara de Diputados, comentó que habría que reformar el Código Civil, en lo referente al daño moral, que si bien es civil y no penal, está mal redactado y por ello resulta complejo litigar en ese terreno. Finalmente deja abierta la posibilidad de que si bien no es penal, se puedan imponer sanciones económicas muy altas.
Las reformas
Por otro lado, Ernesto Villanueva dijo que habría que reformar el Código Penal para eliminar las figuras de difamación y calumnia establecidas en el Código Penal Federal para pasar todo a una ley de carácter civil, en donde incluso también se reforme el daño moral, se deroguen las figuras arriba señaladas y se cree una ley civil como sucede por ejemplo en España y otros países.
Se tendría una legislación que tenga algunos mecanismos de salvaguarda en beneficio del gobernado.
Agregó que se buscaría establecer la figura de lo que se llama la “malicia efectiva o real”, las cuales operan en el caso de que si el demandante es un servidor público, deba aprobar que efectivamente se hizo la publicación por la que demanda.
Esto influye desde 1964 en Estado Unidos, en donde algunas sentencias al servidor público se le imponen mayores condiciones que si es un particular cuando es el demandante. Esta “malicia efectiva” significa que el servidor público demandante deba probar que el periodista publicó la información con el propósito de afectarle o con un abierto desinterés por saber si la información era verdad o no.