PUBLICADO 13 DE DICIEMBRE DE 2002Fredy Martín / CPEn el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía no ha habido una acción efectiva para erradicar a los presuntos grupos paramilitares, menos existe “la intención de hacer justicia, esclareciendo los crímenes del pasado, castigando a los culpables y desgraviando, en medida de lo posible a ls víctimas o a sus familiares”, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
En su informe anual 2002, Violaciones a los derechos humanos en México, el organismo asegura que el gobernador es responsable de decenas de violaciones que “permanecen en la impunidad”.
Menciona que la estrategia de Salazar Mendiguchía ha sido “negar rotundamente” la existencia de los presuntos paramilitares y en numerosas ocasiones ha declarado que en la entidad “ya no operan grupos paramilitares como antes”, como si estos hubieran desaparecido automáticamente con su arribo al gobierno.
El argumento central del gobernador, “es que para hablar de paramilitares se requiere de cobertura y protección política y financiera de las autoridades, hecho que actualmente no se puede comprobar”.
Opta entonces por hablar de “civiles armados” y aunque admite que “existen armas ilegales, incluso en manos de exparamilitares” afirma que estos se han disuelto, han sido arrestados o son perseguidos por la justicia.
Abuso del término
“Para Salazar, la ONG y de derechos humanos han abusado del término y lo han empleado con fines propagandísticos. Llama la atención que cuando era miembro de Cocopa, era el primero en denunciar la existencia de estos grupos, argumenta el organismo civil.
Insiste que a lo largo del 2002, Salazar Mendiguchía ha ejecutado operativos aislados contra algunos sectores del grupo paramilitar Paz y Justicia, ampliamente publicitados pero sin aceptar del todo que son paramilitares y sin verdadera impartición de justicia.
A los detenidos no se les ha juzgado y condenado por las decenas de asesinatos que cometieron en el pasado en contra de municipios zapatistas, así como por el desplazamiento de miles de familias por las emboscadas.
Asimismo, Pablo Salazar ha omitido nuevas agresiones de paramilitares contra zapatistas y la sociedad civil, acompañado de un intento por minimizar las acciones y reducirlas a conflictos comunitarios.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro cuestiona por qué a los detenidos en el operativo del 13 de septiembre no se les ha juzgado por crímenes graves, aun peor, es “inadmisible que otras facciones de Paz y Justicia permanezcan en la impunidad”.
