Siniestro pasado: SCT perpetra despojo de tierras ejidales

Siniestro pasado: SCT perpetra despojo de tierras ejidales

Publicado el miércoles 30 de abril de 2003Alberto Noriega / CPEn contubernio pretenden despojar a campesinos de Ciudad Cuauhtémoc (antes El Cocotal), en Frontera Comalapa, de 18-54-11 hectáreas de terreno; los ejidatarios señalan que el Gobierno del estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la entidad y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), se han coludido para no liquidar alrededor de 70 millones de pesos que adeudan por ocupación ilegal de la Carretera Panamericana y su derecho de vía.

“El monto que adeuda el Gobierno federal es de 9 millones 517 mil 617 pesos a los ejidatarios, así mismo, por ley, debido a los 60 años de ocupación ilegal, a los campesinos les corresponde un pago de 55 millones de pesos, el cual está sujeto a negociación por el Gobierno del estado ante la inconformidad con la resolución, por lo que suma total que se adeuda es aproximadamente 70 millones de pesos”, dijo Orbelio Gómez Ríos, presidente del comisariado ejidal de Ciudad Cuauhtémoc.

Bloqueo

Los campesinos, cansados del incumplimiento al fallo del Tribunal Agrario, y ante las constantes amenazas y hostigamiento que están sufriendo, decidieron bloquear la carretera.

Los hombres del campo acusaron al Gobierno de Pablo Salazar de actuar bajo las órdenes de Lino Palacios, ya que anteriormente se acordó una reunión que se celebraría hoy en Comitán, donde se buscaría una solución al problema, sin embargo y a raíz del bloqueo realizado, la PGJE, por instrucciones del Gobierno, instrumentó la detención de 28 ejidatarios, por lo que tal reunión es solamente una trampa, denunciaron los inconformes.

De nueva cuenta, Lino Palacios Peralta, delegado de la SCT, enfrenta una acusación por anomalías en la construcción de carreteras, el uso de tierra ejidales fuera del contexto legal y falta de pago por expropiación.

Basta recordar que ejidatarios de Tecpatán han interpuesto una demanda en su contra en la Procuraduría General de la República (PGR) por severas irregularidades en la expropiación de tierras, finalizaron.