Publicado el domingo 24 de agosto de 2003Carlos Herrera / CPTrabajadores del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Gobierno del Estado, denunciaron que están siendo despedidos de manera injustificada de sus fuentes de trabajo, solo por pedir que les hicieran valer sus derechos laborales.
“El delito que según el gobierno cometimos fue solicitar a la dependencia que respetaran las prestaciones de ley que como trabajadores nos corresponde”, dijo Emilio Ruiz Guzmán.
En entrevista, denunció que David Corzo Castillejos, jefe del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, ordenó el desalojo de 52 empleados de su fuente de trabajo, en los municipios de Palenque, Ocosingo y Pichucalco.
Ruiz Guzmán expresó que a raíz de que han estado demandando que les respeten sus derechos laborales, han sido objetos de represalias, amenazas y hostigamiento, como en la retención de sus salarios hasta por casi cuatro meses, lo que representa una violación a la ley laboral.
Añadió que por medio de la prensa denunciaron que desde el mes de abril no les habían pagado sus salarios, lo que les molestó mucho a Corzo Castillejos y endureció las represalias. Explicó que ante esa situación, los afectados interpusieron una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado.
A raíz de esta denuncia, la semana pasada les fueron pagados sus sueldos atrasados; sin embargo, David Corzo los estaba obligando a firmar su renuncia. Como no aceptaron su dimisión, desde el viernes, los empleados empezaron a ser corridos de las casetas de vigilancia pecuaria, mismas que están siendo cerradas, en los municipios antes citados.
El vocero de los 52 oficiales de inspección pecuaria agraviados adelantó que ampliarán su demanda laboral en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural y del Comité de Fomento y Protección Agropecuaria, por el despido injustificado del que están siendo objeto.
Por último pidió la intervención de la CEDH, para que eviten que el Gobierno estatal cometa una violación.
