publicado el martes 1 de octubre de 2002Rafael Victorio / CPCon pancartas que exigían la libertad de presos políticos que luchaban por una tarifa justa en el servicio fluido eléctrico, fue recibido el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en este lugar, en donde los pobladores le recriminaron haberlo apoyado para que llegara al poder y al conseguirlo con la fuerza pública y encarcelándolos.
Molestos, los porteños denunciaron también que el alcalde Manuel Pano Becerra, les ha cerrado las puertas del Palacio Municipal y no los atiende.
En respuesta, Salazar Mendiguchía dijo que el problema relacionado con la Comisión Federal de Electricidad y la libertad de cuatro presos por la retención de trabajadores de la paraestatal, la quema de dos unidades de la misma daños a otros seis, entre el 16 y 17 de abril pasado, no le corresponde a él solucionarlo, pero se comprometió que el subsecretario de Gobierno, José Domingo Guillén Ramos, los escuche y si es necesario se contraten abogados para su defensa.
Y es que la molestia del Ejecutivo estatal era notoria, al ver las pancartas en las que se leía: “libertad de los presos políticos de Puerto Madero”, “cuando nos solicitaste apoyo te lo dimos. Hoy solicitamos libertad de nuestros presos” y “no más cortes masivos de la CFE”.
Ramón Ortiz Santos, dirigente del Frente de Organizaciones 20 de noviembre, explicó que por parte de los gobiernos Estatal y Municipal solamente han recibido cerrazón y no existe voluntad para atender la problemática, por el contrario “cuatro compañeros están presos y otros cinco huyendo, escondidos para que no los detengan”.
Delante del gobernador, los porteños acusaron al alcalde Pano Becerra de no dar la cara a los problemas y “las autoridades municipales y estatales fueron las responsables de lo que fueron las responsables de lo que ocurrió en abril, porque no nos atendieron”.
Más represión pablista
Ya molesto con los reclamos, Salazar Mendiguchía exigió: “bajen sus pancartas ya las he visto suficientemente” para luego advertir que no permitirá que se violente la ley y que en la lucha por las tarifas justas del servicio eléctrico no hay presos, sino que los que están ahí es porque cometieron otros delitos.
Sostuvo también que su Gobierno no tomará decisiones de chantaje. “No permitiremos la ley de la selva, no toleraremos que haya desmanes”. Sin embargo, los habitantes le reiteraron que no permitirán cortes masivos del servicio, al existir amenazas por parte de la CFE para ello y denunciaron que las tarifas se han incrementado de un bimestre a otro hasta en mil por ciento.
“Quienes pagamos el anterior 40 pesos, ahora nos llega de 400 y eso no lo vamos a pagar”.
