Publicado el viernes 24 de marzo de 2006Rafael Victorio / CPEn el Gobierno de Chiapas persiste una “inseguridad jurídica” porque “no se puede estar al vaivén de las necesidades y reclamos del pueblo, modificando, adicionando o reformando leyes”, como sucede con el Código Penal del Estado en los delitos contra el honor.
Contrareforma
José Luis Coello Bermúdez, presidente del Colegio de Abogados de Tapachula “Lic. Gregorio Ramos Coutiño”, consideró que la contrarreforma planteada por el Ejecutivo estatal al regresarla nuevamente a las penalidades de 2 a 5 años de prisión, en lugar de los 3 y 9 años, así como de 100 a mil días de salario mínimo de multa, es preocupante, “porque no hay ni en una ni en otra situación un verdadero análisis y exposición de motivos, primero si era buena tan alta penalidad, por qué regresa a como estaba antes de las reformas del 17 de febrero del 2004”.
“No le veo ninguna situación de lógica jurídica de que una iniciativa de ley de esa naturaleza no tenga un verdadero soporte de experiencias o realidades de la sociedad que justifiquen que sí tenga una penalidad tan grande o que la vuelvan a rebajar.
“Para mí es más que como tengo el sartén por el mango hoy digo que es blanco y mañana que es negro. Eso significa inseguridad jurídica”.
Aclaró, sin embargo, que se debería de estudiar si la difamación pudiera continuar dentro de los delitos contra el honor; pero exclusivamente entre particulares y despenalizarlo en materia de periodismo, quedando como responsabilidad civil cuando un comunicador en el ejercicio libre de su cometido no tenga los fundamentos o fuentes adecuadas para dar una noticia que cause desprestigio para un funcionario o servidor público.
En ese sentido, calificó como un imperativo constitucional que todos los funcionarios de cualquier nivel rindan cuentas de las arcas públicas que maneja, pero también ser cuidadoso en su actuar.
