El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa afirmó que los sismos del 7 y del 19 de septiembre “profundizaron la crisis de derechos humanos que se vive en nuestro país y la cruda realidad de enorme desigualdad, abandono y miseria en el que viven millones de mexicanos y mexicanas y que perdieron lo poco que les quedaba”.
En un comunicado agregó que los sismos también “han visibilizado y potenciado las vulnerabilidades y patrones de discriminación que existían previamente, encontrándose en mayor riesgo las personas y poblaciones afectadas que se han visto forzadas a abandonar sus hogares y por tanto se han convertido en desplazados internos, siendo sujetos de derechos”.
Por tanto, aseveró, “el gobierno en todos sus niveles tiene la obligación de tratarlos conforme a lo que establecen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Recordó al gobierno mexicano que “los desastres naturales no sólo implican la obligación estatal de atender los desafíos como la provisión de asistencia humanitaria, sino la obligación de proteger los derechos humanos tales como la seguridad ante la delincuencia, libertad de expresión y manifestación pacífica, atender la violencia de género, derechos de la niñez, mecanismos eficaces para presentación de reclamos, etcétera”.
Señaló que en la ciudad de México, por ejemplo, que es el lugar más visible de la tragedia que se vivió y vive en el país, “pudo documentarse cómo el gobierno activó un plan de control de población denominado Plan MX, que tuvo como eje que militares, marinos, federales y policías capitalinos tomaron el control total de las zonas siniestradas y lejos de privilegiar sobre cualquier otra cosa la vida y la protección de las personas priorizaron el control de la población y obstaculizaron el rescate de personas con vida en distintos edificios a pesar de los reclamos de familiares y rescatistas civiles que estaban dispuestos en entrar”.
