“Cuando la visión occidental del Estado no es suficiente para garantizar una democracia plena, los usos y costumbres reclaman su lugar como sistemas legítimos de gobernanza”, resaltó la directora de la Asociación Civil Centro de Derechos Indígenas, Maricela García Reyes; normativas que, dijo, han ayudado a la defensa del territorio y a la dignidad humana.
La defensora destacó que a través de la vía de derechos humanos y la defensa de su territorio, los municipios de Chilón y Sitalá han sido ejemplo de la diversidad democrática.
La investigadora argumentó que estas comunidades han elaborado reglamentos internos ejidales para hacer frente al proceder y a la venta de sus tierras comunales para proyectos extractivos, fortaleciendo así su capacidad normativa y de producir derechos.
“Ellos se dicen a sí mismos cómo quieren formarse y organizarse en contra de factores externos; cuestionan y ejercen el derecho a autonormarse y reivindican al interior y al exterior el cuidado, respeto, protección y posesión física de la tierra”, dijo.
Sistema
Para ello, las mujeres y hombres del maíz cuentan con una instancia de procuración de justicia a través de conciliaciones centrales y arregladores, un sistema que resaltó, nació de la búsqueda de autonomía y armonía comunitaria ante los huecos que tenía la justicia occidental, la cual, arremetió, “privilegia al que tiene dinero, al que habla español y al que llega primero a presentar su queja”.
Trabajo
El diálogo con las partes y los acuerdos que realizan estas comunidades son gratuitas y está integrada por una comitiva de hombres y mujeres; y resaltó como algo novedoso que “las mujeres particularmente atienden casos de violencia en contra de ellas” .
Explicó que la idiosincrasia tseltal se condensa en tres conceptos que, traducidos al español, significan “poder para actuar a favor de uno mismo, construir desde uno mismo y ‘corazonearse’ con los demás”. Una visión de autonomía que, sostuvo, necesita de todos los corazones para compenetrarse como unidad.
Son más de 700 comunidades de estos municipios que están bajo este sistema, sin embargo, la defensora de derechos humanos dijo que se trata de municipios asolados por la pobreza, ya que el “90 por ciento de la población de estos municipios vive en pobreza y el 66 % se encuentra en pobreza extrema”.
