Unas 139 familias que formaron parte de la extinta empresa público-privada Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (Situtsa), mejor conocido como Conejobus, se manifestaron para exigir solución a su demanda de pago, luego de 29 meses de espera, además de que se les permita operar de nueva cuenta las rutas 1 y 2.
La representante de los socios del Conejobus, María Alejandra Chagoya, comentó que solicitaron la presencia del presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, José Enrique Pascasio de León, para hacer de su conocimiento la situación y solicitar su apoyo respecto a la apertura de espacios reales de solución ante lo que están padeciendo y en cuanto a la violación de sus derechos humanos y legítimos.
Solicitan de la manera más respetuosa al gobierno estatal que les abra de inmediato una mesa de carácter resolutivo y que cuente con la presencia de todas las autoridades correspondientes para solucionar de fondo y de manera real.
También apuntó que tienen el interés de detener el plantón indefinido que iniciaron desde hace ya varios meses.
Por su parte, Pascasio de León comentó que la organización no gubernamental que respalda, hizo presencia a petición de la mesa directiva del Conejobus, con la finalidad de dar a conocer la pretensión de despojarlos de sus derechos humanos, sino es que ya han sido despojados.
“Nos han hecho saber que ellos son titulares de la concesión del transporte público en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y que se firmó un acta constitutiva en su oportunidad, en la que se establecieron las condiciones, derechos y obligaciones que a cada uno les corresponde al constituir un patrimonio familiar con esa fuente de trabajo”.
Añadió que en el documento, el Gobierno del Estado se comprometió a realizarles pagos específicos con una periodicidad mensual y también se estableció que en caso de que el proyecto inicial no tuviese futuro o no pudiera continuar, ellos (los socios) continuarían siendo titulares de los derechos como concesionarios al momento de incorporarse a la empresa.
Actualmente, dijo, los socios se encuentran sin trabajo, sin ingreso y sin apertura por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte para escuchar sus peticiones, y lo único que quieren es justicia y respeto a sus derechos humanos.
Finalmente, José Enrique Pascasio sostuvo que buscarán un acercamiento con las instancias estatales correspondientes, ya que su labor es la búsqueda de la verdad de lo que prevalece en el estado de Chiapas.
