Socios del Conejobús reiteraron que este sistema se encuentra en agonía, sin embargo, esto no es motivo para que la Secretaría de Movilidad y Transporte saque a los 105 socios de las rutas 1 y 2, con lo que estarían perdiendo el patrimonio que lograron con mucho trabajo y esfuerzo.
Los denunciantes, quienes por razones legales piden omitir su identidad, detallaron que en el proyecto inicial, se determinó que el Conejobus transportaría 72 mil pasajeros diarios y se cobraría seis pesos por pasaje.
“Sin embargo, la realidad era que en enero de 2010, los usuarios oscilaban entre los 43 y 45 mil, y la tarifa subsidiada autorizada por el entonces gobernador, Juan Sabines Guerrero, era de cuatro pesos pago en efectivo, 3.50 con tarjeta, tres pesos a estudiantes y 2.50 a la tercera edad y capacidades diferentes, algo que no dejó las ganancias esperadas”, indicaron.
En este sentido, se dio a conocer que el titular de Transporte, Aquiles Espinosa, actualmente los está presionando y ha reteniendo todos los pagos del 2020, en plena fase tres de la pandemia del coronavirus, para que renuncien a la sociedad de la que todavía forman parte.
En ese marco, recordaron que: “Los socios somos en un 90 por ciento mayores de 70 años, por lo que se trata de una estrategia vil, mañosa y descarada de querer quitar nuestros derechos en un momento por demás critico en el país, el estado y la ciudad, debido a la pandemia”.
Precisaron que la dependencia les ha dado cinco días hábiles para tomar una decisión y para ello les han ofrecido placas, una unidad modelo 2020 modificada para el transporte de pasajeros en una de las cuatro rutas nuevas alternas, a cambio de firmar un documento cediendo los derechos.
“Todo esto ocurrió desde el lunes 27 al jueves 30 de abril, fecha en la que los socios deberíamos tomar una decisión. Mediante engaños y promesas nos dijeron que los mismos funcionarios llevaran los documentos a sus domicilios para recabar las firmas y así evitar el contagio del Covid-19”, agregaron.
Cabe destacar que en el Acta Constitutiva, al comienzo de la sociedad, se especificó que ni el fideicomiso y ninguno de los socios podrán vender, transferir, donar, ni trasladar de dominio sus acciones o patrimonio social, únicamente podrán ser heredadas las acciones a familiares de los transportistas.
Por ello, calificaron como una estrategia totalmente violatoria la que estos servidores públicos están utilizando para arrebatarles lo que les corresponde, ya que dichas rutas fueron fundadas por ellos en 1980; “aprovechándose de la fase tres de la contingencia sanitaria pretenden hacer firmar a cada uno de los 105 socios, para ceder sus derechos en esta sociedad, por ello hacemos un llamado a las autoridades para que no permitan este atropello”.
