El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita la intervención urgente del Gobierno Federal para que se adopten “las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel”, luego de que el 29 de diciembre un grupo de choque los agredió por defender los humedales de montaña de San Cristóbal. 

En un comunicado fechado este viernes en Ginebra, Suiza y París, Francia, también solicitó “llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables aplicando las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley”. 

Amenazas

Recordó que el 29 de diciembre, en horas de la mañana, los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel “fueron amenazados y agredidos verbalmente por un grupo de choque mientras llevaban a cabo una acción en defensa de los humedales de montaña ‘María Eugenia’, área natural de 115 hectáreas situada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas e incorporada en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional”. 

En esa zona, agregó, “se está llevando a cabo la construcción de varios inmuebles que pondrían en peligro el ecosistema de los humedales” que abastecen de agua a una parte de la ciudad. 

El organismo manifestó “su preocupación por las amenazas proferidas contra los integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel, y hace un llamado a las autoridades de Chiapas y a las autoridades federales mexicanas a investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial las agresiones arriba mencionadas, así como a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de los y las integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel que defienden los humedales y territorio de San Cristóbal de Las Casas”.  

De igual forma, solicitó “poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México”.