El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, emitió un pronunciamiento firmado por cien organizaciones más, entre ellas, redes, grupos eclesiásticos, organizaciones civiles y personas, las cuales hacen un llamado urgente al gobierno federal para dar respuesta integral a la vida de miles de familias desplazadas y en riesgo de reclutamiento forzado en Chiapas.
Los firmantes solicitaron “al gobierno federal su inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas”.
Pronunciamiento
El escrito hace un recuento histórico de la creciente violencia en la región, los organismos han observado el desplazamiento forzado concentrado en la sierra y altos de Chiapas, y su intensificación desde mayo, agosto y septiembre del año pasado.
Destacan que la presencia de las autoridades castrenses ayudó a la retirada de los grupos criminales, los cuales volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando a la población en riesgo cada que la Guardia Nacional o el Ejercito se retiraban.
Hoy por hoy, detallan, los caminos son intransitables pues varios municipios permanecen incomunicados por bloqueos y la ley de “nadie entra y nadie sale” por orden de los grupos criminales que se disputan el territorio. La crisis ha agudizado la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación.
Municipios
Además, las organizaciones civiles y humanitarias no han podido prestar servicios ante el riesgo que supone entrar a los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras.
Las organizaciones recriminaron la postura del Ejecutivo Federal, de minimizar la situación y descargar la responsabilidad de los hechos a la población afectada.
Piden a los organismos de salud que atiendan a las personas, al DIF brindar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad, a la CEDH a investigar las violaciones de derechos humanos.