El sector transportista solicitará al gobierno del estado que a través de la Secretaría de Transportes realicen los estudios necesarios para realizar un posible aumento en la tarifa del pasaje dentro del sistema de transporte colectivo en Chiapas.
Al respecto, el presidente de la Cámara Estatal del Autotransporte, David Fonseca Cartagena externó en entrevista que desde hace más de cinco años han venido soportando todos los incrementos que se han ejecutado al sector, sobre todo en el tema de los “gasolinazos” durante este año, además de otros factores que hace insostenible la situación económica de los concesionarios.
En este contexto, explicó que aunado a ello también han “aguantado” el aumento en los precios en los insumos y refacciones para las unidades además mano de obra y la compra de llantas, entre otros.
Además, apuntó que el robo de gasolina es otro de los factores que merma la situación financiera de los colectiveros y los concesionarios ya que “el 90 por ciento de los establecimientos de este tipo, roba en un rango del 15 al 20 por ciento por cada litro de gasolina que según despachan”. Por lo que pidió la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para poner un “hasta aquí”, ya que el hurto no sólo afecta a los transportistas sino a toda la sociedad en general que tiene un automóvil.
Asimismo, dijo que existen rutas en donde se manejan hasta 15 kilómetros por lo que las cuentas llegan a ser de 600 a 800 pesos pero el pago para gasolina es hasta de mil pesos, por lo que es necesario el incremento en la tarifa para poder solventar los gastos.
Fonseca Cartagena expuso que también es urgente que las autoridades competentes verifiquen las unidades que estén circulando para que sean modelos de por lo menos del 2008, y se saquen las que estén obsoletas dentro del parque vehicular.
Enfatizó que la tarifa que se maneja en Chiapas es una tarifa “social”, y es de la más bajas en el país, derivado de la economía estatal, sin embargo, expresó que por ello solicitan que se realice este estudio y se apruebe a través del Congreso del Estado, para que no se siga lacerando la economía de los agremiados dentro del sector transportista.
