Alrededor de dos mil personas son las que han resultado afectadas en varios municipios de Chiapas, debido a que fueron despojados de sus tierras después del surgimiento del conflicto armado de 1994.
Raymundo Augusto García Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Sociedad Civil Desplazados de la zona de conflicto de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, dijo durante una segunda manifestación en Tuxtla Gutiérrez, que son alrededor de 42 mil hectáreas las reclamadas.
Las familias reclaman su derecho, toda vez que son desplazados forzados internos y perdieron tierras que eran productivas en insumos como el café, maíz y hasta el ganado.
Desde hace varios sexenios han levantado la voz, que en ese entonces eran 444 propietarios que solicitaban sus derechos, número que se ha elevado tomando en cuenta que las nuevas generaciones (hijos e hijas) también fueron afectados por ese hecho.
Señalan que no hay garantías para retornar
“No se puede borrar y dar cuenta nueva cuando lo que se ha hecho con esfuerzo y con sacrificio, cuando el patrimonio que nos daba de comer a nosotros y a nuestras familias haya quedado en una zona de conflicto”, remarcó.
Al estar los predios en una zona de conflicto, estas personas no han podido retornar debido a que no hay garantías para ello. A través de los amparos, explicó, lograron que las propiedades se devolvieran, aunque no tienen la posesión.
Sentencia
Ante esa situación, mencionó que a través de la justicia se otorgó el reconocimiento de que son desplazados y en la sentencia se establece que tienen derecho a una indemnización por sus terrenos.
La ley dice, aseguró García Álvarez, que deben recibir un pago justo por las 42 mil hectáreas, de hecho se tienen avalúos que se hicieron de manera particular y por parte del gobierno.
Esas tierras de las que fueron despojados, enfatizó, estaban bañadas por afluentes importantes en Chiapas, desde el Usumacinta hasta el Grijalva, por eso eran zonas muy productivas.
