“Mi corazón está muy en paz porque no he hecho nada mal”, afirmó el sacerdote tsotsil Marcelo Pérez, luego de enterarse de que supuestamente la Fiscalía estatal solicitó a un juez librar orden de aprehensión en su contra por el caso de los 19 pobladores de Pantelhó retenidos y desaparecidos el pasado 26 de julio de 2021, presuntamente por el grupo de autodefensas del pueblo “El Machete”.
En tanto, 25 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales exigieron al gobierno mexicano el retiro de la acusación penal que criminaliza la defensa de los derechos humanos del padre Marcelo.
En un mensaje que envió al cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, quien fuera obispo de San Cristóbal de Las Casas, el presbítero manifestó que “estoy tranquilo, sigo con mis actividades normales y si llegase a concretarse la detención, lo viviré desde el espíritu del Evangelio”.
Agregó que el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez ,” lo sabe; ayer platicamos que los que somos servidores diocesanos -y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)- estamos muy al pendiente”.
Agregó que “mi familia está muy tranquila a pesar de que (la noticia) se ha viralizado en los medios; mi familia ha tomado esta situación desde la fe. Reflexiono y me confortan mucho las bienaventuranzas”.
El presbítero originario del municipio de San Andrés Larráinzar fungió como mediador en el conflicto de Pantelhó, el cual se agravó después de las elecciones de junio del 2021 por la irrupción del grupo “El Machete,” mismo que los familiares de los desaparecidos (21 según ellos, 19 de acuerdo con la FGE) responsabilizan de habérselos llevado, y sin que hasta la fecha hayan aparecido.
Acusación
Los familiares de los desaparecidos han acusado públicamente a Marcelo Pérez de ser también responsable de la retención y desaparición de los pobladores, a los que “El Machete” calificó en su oportunidad de “sicarios”.
“Por acompañar al pueblo de Pantelhó, los familiares de los detenidos del 26 de julio de 2021 me han imputado como responsable; la Fiscalía le ha pedido al juzgado que gire orden de aprehensión en contra de cuatro personas: Marcelo Pérez Pérez, Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Antonio Jiménez Cortez”, dijo el religioso.
Añadió que “es injusta” la detención de Pedro Cortés y Diego Mendoza, ambos presos en el penal de “El Amate” desde el pasado 21 de junio y quienes se desempeñaban como presidente y primer regidor del Concejo Municipal de Pantelhó, respectivamente.
“‘Los Machetes’ han hecho lo que no debieron de hacer”, aseveró Marcelo, al tiempo de expresar que “no se sabe si el juez concedió la petición de la Fiscalía”, de librar la orden de aprehensión en su contra.
Pérez Pérez, ahora párroco del templo de Guadalupe de San Cristóbal, cuenta desde 2016 con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que recibió amenazas de muerte cuando era párroco en Simojovel, donde encabezó un movimiento en contra de caciques locales sobre el consumo de alcohol y drogas.
Como responsable de la Pastoral Social de las diócesis de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ha participado en acciones y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio ante los megaproyectos; por igual, en actividades de mediación de pueblos y organizaciones en conflicto en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El Bosque y Pantelhó, con el objetivo de evitar la violencia.
Luego de conocerse públicamente la noticia, diversas organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales, condenaron “la solicitud de orden de aprehensión” en contra de Marcelo, solicitada por la FGE el pasado 21 de junio ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas.
“Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos”, dijeron.
“Desde las organizaciones firmantes exigimos al gobierno mexicano el retiro de la acusación penal que criminaliza la defensa de derechos humanos del padre Marcelo. Nos preocupa que sea detenido, asesinado o desaparecido y que continúe la criminalización, por lo que si esto ocurre, responsabilizamos al Estado mexicano”, expresaron las agrupaciones.
