El equipo interdisciplinario formado a partir del convenio entre las universidades de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y Complutense de Madrid, que desarrolla un acompañamiento psicosocial y jurídico desde hace ocho años con mujeres en prisión en esta entidad, así como con sus familiares, pidió al juez penal con sede en San Cristóbal, Julio césar Morales Ríos, que dicte sentencia absolutoria en favor de una mujer presa en el penal número 5, acusada “injustamente” del delito de homicidio calificado.
Anabel “N”, dijo que su hermana Gabriela, cuyo expediente penal es el 136/2014, “no tiene porqué estar pagando un delito que no cometió. Queremos que el juez haga conciencia, que vea el caso y haga conciencia de que es una mujer inocente”.
Tomás, su padre, contó que antes de ser acusada del homicidio de un hombre identificado como Natalio, Gabriela vivía en pareja con Geovani, preso también como coacusado, quien “la golpeada y maltrataba y la obligaba a hacer cosas indebidas.
”Ella decidió irse a la casa —en La Concordia, de donde es originaria la familia—, luego lo agarraron a él y le echó la culpa a mi hija. Por sus cosas de la droga que hacía él le pasaron cosas malas a mi hija.
”La dejaba sin comer, la encerraba. En todo lo que pasó tuvo miedo y cuando la agarraron la obligaron a que dijera que ella había cometido el homicidio”, dijo el padre.
En rueda de prensa agregó: “Venimos a hablar porque sentimos una gran pena y tristeza, ya que las autoridades acusan a mi hija sin culpa ni nada; lleva más de tres años en la cárcel injustamente”.
Patricia Aracil, del mencionado equipo interdisciplinario que desde hace ocho años realiza acompañamiento jurídico a mujeres presas en los penales de El Amate y de San Cristóbal, dijo que en una primera instancia, Gabriela fue sentenciada a 18 años con 9 meses de prisión, ratificada en la apelación, pero al resolver un amparo, jueces federales pidieron a los magistrados que se realice nuevamente el juicio de apelación porque no se respetó el tiempo constitucional de la detención y porque hubo tortura. Los jueces señalan al juzgador que considere nulas las declaraciones ministeriales, tanto de Gabriela como de Geovani”.
