"La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, María Marván Laborde, hizo ayer una puntual advertencia sobre un movimiento adverso a la transparencia, que esta semana celebra el segundo aniversario de la promulgación de su ley.
""Vivimos el rebote pendular de la cultura del secreto, porque hay un movimiento contra algunos avances de la transparencia"", dijo al explicar las tentaciones que existen para modificar el ordenamiento legal ""y arrebatarle esta o la otra palanca que lo convierten en una poderosa ley de acceso"".
Por vocación profesional y por convicción ética, EL UNIVERSAL ha mantenido una posición de firme defensa del escrutinio público sobre los actos de gobierno que es propiciado por la Ley de Transparencia, seguro de que constituye una sana supervisión social, al margen de las fiscalizaciones oficiales ya establecidas, y que puede ser ejercida directamente, sin intermediarios, por los propios ciudadanos.
Naturalmente, este criterio dista mucho de ser universalmente compartido. Hay quienes temen a la luz y prefieren las tinieblas. Sin poder ser testigos, podemos conocer los resultados, pero bajo ninguna circunstancia debemos ignorar las condiciones, los costos reales, económicos, políticos y sociales del ejercicio del poder.
Hay quienes objetan la diafanidad por razones menos interesadas pero igualmente equívocas, pues no alcanzan a entender que en la vertiente del cambio en que vivimos la transparencia llegó para quedarse. En todo caso, estos adversarios no son del todo culpables. Durante muchos anos vivieron y crecieron en un sistema que, paradójicamente, no acostumbraba orear las cuestiones públicas y nos mantenía a ciegas sobre logros y rezagos precisos, aunque fueran evidentes. Seguramente la Ley Federal de Transparencia no es perfecta. Ninguna ley lo es. Y si bien es cierto que merece ampliarse y profundizarse para dotar a los mexicanos de mejores elementos para llevar a cabo el escrutinio de lo que le es propio, también es cierto que hay otro tipo de reformas que podrían danar el mandato de transparentar la vida pública, si ello no se hace con el cuidado, el esmero y la transparencia que un hecho de esta envergadura merece.
Somos partidarios de esa ampliación y de esa profundidad con base en lo ya conseguido. No es conveniente que intereses adversos lleven a cabo movimientos que intenten destruir algo que costó mucho esfuerzo, tiempo y buena voluntad. Movimientos de esa naturaleza danan al país y danan a quienes estamos dispuestos a encontrar en la transparencia una nueva etapa de nuestra vida para un mejor futuro, más confiable y más convincente.
El cambio es continuo y necesitamos buenos instrumentos para cumplir sus fines, pero cada uno de estos merece la prueba del tiempo para demostrar su eficacia y la prueba de que no sólo corresponde a la Federación hacer cumplir la ley; también es indispensable que cada uno de los gobiernos de los estados, los municipios y los ciudadanos se comprometan con esta transparencia; que la ejerzan con convicción y con la seguridad de que todo lo que hagan dentro de la esfera pública debe ser transparentado y será mejor que ésto sea dentro de la ley.
Ese es el homenaje que le debemos a la Ley de Transparencia, que al final de cuentas resume buena parte de nuestras aspiraciones de vigilancia de la tarea pública en la que los ciudadanos tenemos derecho a saber para cumplir con nuestras responsabilidades.
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