La imposición de la transparencia en la vida pública nacional es una necesidad y ha probado ser un recurso efectivo en la detección de las prácticas de corrupción; por ello hay funcionarios que ponen trabas a las leyes y herramientas que la hacen posible, se resisten al escrutinio ciudadano y regatean o encubren información que podría dar pistas sobre manejos irregulares. Dime cuánto ocultas y te diré qué tan confiable eres, podría parafrasearse.
Pero la transparencia, que actualmente se concentra en los servidores públicos, debe ser extensiva también a quienes hoy se encuentran en plena campana electoral en busca de una curul en la Cámara de Diputados, un escano en el Senado de la República o la misma silla presidencial, además de gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales.
El Instituto Federal Electoral vigila el gasto de las campanas para evitar que exceda los topes marcados e impedir visos de inequidad en la contienda. Pero hay otras erogaciones cuya fuente debe ser también esclarecida.
Este es el caso de los sueldos y gastos personales de los candidatos a la Presidencia de la República. La procedencia y el monto de los mismos son aspectos que deben informarse a la ciudadanía, en un ejercicio de rendición de cuentas que debe ser ya práctica ordinaria en todo sistema democrático, como pretende ser el mexicano. Por supuesto, es verosímil que tras muchos anos en el servicio público, los candidatos principales hayan acumulado recursos nada despreciables que los provean de rentas más que razonables.
El fruto principal de la transparencia es, sin duda, la limitación de los latrocinios, que antes se multiplicaban impunemente por la oscuridad que los ocultaba. Si ahora llega a imponerse la impunidad en escandalosos episodios de corrupción que involucran a parientes de los políticos, al menos éstos reciben la sanción de la denuncia pública que castiga doblemente su buen nombre: por el delito cometido y por la ausencia de penalidades.
En cualquier caso, tenemos derecho a saber de qué viven los candidatos durante las campanas y si los partidos pueden concederles, legalmente, percepciones o medios de vida similares a los que han estado acostumbrados.
Porque la impresión generalizada es que los candidatos no se han preocupado por cumplir con las obligaciones de una conducta transparente, es decir sin opacidades. No tienen, hasta donde sabemos, ningún privilegio para escamotear información que pueda ayudarnos a configurar una sólida opinión sobre cada cual. Después de todo, con nuestro voto a su favor les otorgamos una inmensa confianza, como la de permitirles que conduzcan, o ayuden a dirigir, la buena marcha de la nación.
Sin duda que los candidatos, como todo ciudadano y en general todo ser humano, deben tener un soporte económico personal y familiar. Tampoco ha de verse como algo mal que éste provenga del erario o de otra fuente, pero lo que se reclama es que sea transparente para que los electores sepan a qué atenerse. La información que hagan pública será antecedente y abonará a la cultura de transparencia, que debe acabar de consolidarse en el país como una de las divisas de la democracia plena. (El Universal)
