De acuerdo con Fernando Castro Molina, consultor sobre temas migratorios, mover de forma ilegal a las personas que son originarias de Centroamérica y que aspiran a llegar a Estados Unidos para cumplir con el “sueño americano”, puede costar entre 10 y hasta 12 mil dólares, lo que ha hecho de esta actividad un negocio muy lucrativo para los conocidos “polleros”.
Remarcó que cuando este fenómeno social (que lleva varias décadas) se presenta de forma irregular, se transforma en una estrategia con fines de lucro para las organizaciones criminales, y en un aspecto negativo vinculado a la corrupción y a las actividades ilícitas en el orden internacional.
Castro Molina detalló que para contener en mayor medida la migración, se tiene previsto que el gobierno estadounidense destine hasta cuatro mil millones de dólares en ayuda para los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, a fin de que se desarrollen proyectos que permitan la generación de empleos.
En su opinión, cualquier estrategia que se genere por la parte institucional tiene que ser revisada de forma periódica, a fin de que el plan se realice de forma transparente y la generación de recursos sea sustancial para que las personas no salgan de sus países.
Además, advirtió, más allá de los 12 mil dólares que tienen que pagar los migrantes, es posible que las mismas familias sean extorsionadas por los grupos criminales; el maltrato a estas personas, remarcó, está latente ante la necesidad que tienen los grupos para conseguir dinero sin importar los costos.
“Hay que resaltar que los migrantes ilegales tienen también menos probabilidades de enviar remesas a sus familias una vez que lleguen a su destino”, dijo.
El especialista en temas migratorios puntualizó que traficar con las personas, sin importar la nacionalidad, es un delito con penas internacionales, sin embargo, el negocio se mantiene latente por los 740 puntos ciegos que tiene la franja fronteriza de México y los países de Centroamérica.
Consideró que, por el momento, no hay una estrategia definida que haga frente a las actividades ilegales de los “polleros”, que son personas que, sin importar el riesgo, se dedican a cruzar a migrantes por todo el corredor que conecta a Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos.
Lo que podría funcionar, sugirió, es que los países fortalezcan su cooperación policial, judicial de tránsito y de destino; otra acción de beneficio, resaltó, son las investigaciones financieras que están orientadas a fortalecer las redes de contrabando.
“Una postura rigurosa contra la corrupción, tanto dentro de las autoridades de policías municipales, estatales y federales en México, así como en autoridades migratorias en los países”, complementó.
