El Obse, integrado por más de 20 organizaciones locales que buscan documentar y visibilizar los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y del territorio en el estado de Chiapas, identificó un total de 107 hechos violentos cometidos contra personas defensoras en lo que va del año.
La recolección y validación de los datos sobre los hechos se realiza de manera cuidadosa para garantizar la seguridad de los individuos agredidas. Solo cuando los casos no implican riesgos adicionales para las personas defensoras, se publican en la web de forma accesible y georreferenciada.
Durante el evento de lanzamiento, Ximena Ramos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (Acnudh), destacó la labor de las personas defensoras en contextos de riesgo como Chiapas, subrayando la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar su protección y seguridad, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
2024, el año más violento
En su primer informe, El Obse alertó que 2024 ha sido el año más violento del proceso electoral en México, particularmente en Chiapas. Señaló que 15 personas vinculadas al proceso político fueron asesinadas en el estado y 515 renunciaron a sus candidaturas por temor a la violencia. Además, no se pudieron instalar 108 casillas electorales por razones de seguridad.
Según el Obse, la violencia también ha obligado al desplazamiento forzado de al menos dos mil 300 personas, originarias principalmente de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia.
En cuanto a desapariciones, se registraron 568 personas desaparecidas en el periodo anterior, frente a las 320 de 2023, lo que representa un aumento del 77 %, dicha tendencia ha ido en aumento desde el año 2020, y sigue siendo minimizada.
En cuanto a diversas formas de agresión dirigidas a dificultar el trabajo de defensa de derechos humanos, El Obse ha identificado intimidación, vigilancia, difamación, amenazas, extorsión, abuso de autoridad, agresiones físicas y hasta asesinatos.
Del total de ataques registrados, el 70 % ocurrieron en el ámbito físico, y el 30 % en el ámbito digital, lo que refleja cómo la defensa de derechos -especialmente los relacionados con la tierra, el territorio y la justicia- se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Sectores vulnerables
Entre las personas agredidas se encuentran principalmente integrantes de organizaciones civiles (69 %), seguidos por activistas independientes, periodistas, líderes comunitarios y religiosos. Los principales agresores son actores no identificados, aunque también se han señalado a instituciones gubernamentales, fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado.
Al menos cuatro activistas han sido asesinadas en 2024, entre ellas el padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado el 20 de octubre en San Cristóbal de Las Casas. Reconocido por su labor como sacerdote maya tsotsil. Marcelo era una figura destacada en la construcción de paz, la defensa de la tierra y el territorio, y la resistencia civil pacífica frente a la violencia.
