La jueza Isabel Álvarez Ramos, encargada de dictar sentencia absolutoria a favor de Omar Fernando Rosales Toledano, quien se encontraba privado de su libertad por el delito de feminicidio cometido en contra de Viridians Flores Ramírez, fue separada de su cargo este martes junto con la secretaria de Acuerdos y la Actuaria del juzgado penal del Distrito Judicial con sede en la ciudad de las San Cristóbal de las Casas.
María Itzel Ballinas Barbosa, secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, informó que derivado de la investigación que realizara la coordinación de Visitaduría para conocer sobre el debido proceso del caso del feminicidio de Viridians, se determinó que existen elementos suficientes para suspender en sus funciones a la jueza, así como a las dos servidoras públicas.
Lo anterior, por la probable responsabilidad en que pudieran haber incurrido en el desempeño de sus funciones, toda vez que se advierten indicios de actitudes extrañas e inusitadas, entre otras anomalías, por parte de las funcionarias referidas, que se hicieron constar en el acta respectiva, mismas que servirán para la determinación final por parte de este Consejo.
De igual forma, se inició el procedimiento de responsabilidad en contra de la jueza Isabel Álvarez Ramos y el personal mencionado, para determinar el grado de responsabilidad que pudieran tener y que dé lugar a la suspensión definitiva, y en su caso, dar la intervención al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.
Es importante hacer de su conocimiento que todos los procesos judiciales tienen sus ritmos, sus tiempos y sus instancias. Esta sentencia en el caso que nos ocupa, no es definitiva, toda vez que existe la posibilidad de las partes para interponer el recurso de apelación, y en contra de esta misma, cabe el juicio de amparo directo.
Las y los juzgadores, por disposición de ley, son autónomos en sus resoluciones y por ende no tienen obligación de consultar con nadie sus determinaciones; ni los magistrados, ni los consejeros, ni el presidente, están facultados legalmente para instruirlos para que se pronuncien en determinado sentido.
El PJE ratifica su compromiso con las y los chiapanecos, de impartir justicia y combatir la impunidad, evitando en todo momento actos de corrupción.
