Por segunda ocasión suspenden la audiencia del caso de cinco tseltales de San Juan Cancuc detenidos de manera arbitraria el 29 de mayo de 2022 y recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5.
José Luis Vargas Castellanos, párroco de San Juan Cancuc que acompaña a las familias de los acusados de homicidio calificado: Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
“Es la segunda vez que la juez cancela la audiencia porque no llegó la doctora responsable de la autopsia que arrojó que el policía muerto tiene una costilla quebrada”, dijo el sacerdote. Fueron las familias las que presionaron porque se realizara la exhumación y posterior necropsia del uniformado.
En una entrevista previa con el abogado Jorge Gómez, del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas, destacó que cuando ocurrió la detención, científicamente no estaba comprobada la causa de muerte del policía, “cómo pueden acusar a los cinco compañeros de homicidio si no está comprobado”, cuestionó.
En la causa penal 78/2022 la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra el defensor Manuel Santiz y siete personas más. Pero el juez de Control, Carlos Lamberto Márquez Espinosa, otorgó la orden antes de que existiera la solicitud ministerial formal, es decir, “el juez ya tenía lista la orden”, puntualizó Jorge Gómez.
Las familias, organizaciones y el pueblo creyente se manifestaron el pasado lunes en el Palacio de Justicia de San Cristóbal, ahí dieron cuenta que ninguna autoridad investigó en el lugar de los hechos.
También denunciaron las extorsiones y otros tipos de violencia que viven sus hijos, padres, hermanos y esposos dentro del Cerss número 5, por lo que exigieron la liberta inmediata. A la petición de justicia se unió el Pueblo Creyente, la Diócesis de San Cristóbal y Modevite, que también se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos; además, rechazaron la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas.
